Sabíamos que el huachicoleo se había convertido en una actividad muy lucrativa para el crimen organizado. No por nada pueblos enteros estaban dispuestos a enfrentarse al Gobierno Federal por lo que consideraban su negocio patrimonial. Tomaban carreteras, casetas, incendiaban autobuses, cerraban vías, rescataban a detenidos; el negocio era lo suficientemente lucrativo como para arriesgar la vida. Y eso que, según datos de la Presidencia, sólo se trataba del 20 por ciento del robo total de combustible, el otro 80 por ciento se operaba desde adentro de Pemex.
El presidente López Obrador señaló que la paraestatal perdía 60 mil millones de pesos anuales, algo así como 200 millones de pesos diarios. Cabe señalar que para que esta operación funcionara, se requería de la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. En conferencia de prensa López Obrador dijo: «No sólo hablamos de huachicol, la ordeña de ductos sino de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas diarias de gasolina».
Por supuesto, también se deberá investigar a los concesionarios de las gasolineras, que eran los clientes más fuertes del huachicol y de la ordeña de ductos. En cinco días, señaló el presidente de México, se detuvieron a tres implicados de la misma empresa y se piensa combatir el huachicoleo con un plan estratégico que involucra a 15 dependencias.
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