Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Luego de más de 30 horas de permanecer plantados en el acceso a la sede estatal de la Fiscalía General, los integrantes de colectivos de veracruzanos con familiares desaparecidos se retiraron, pero insistieron en demandar la renuncia de Jorge Winckler Ortiz. *** Argumentan el “deficiente desempeño” en la labor conferida por el Congreso del Estado; el “trato indigno” que ha dado a las familias víctimas del delito de desaparición forzada; a “la cerrazón” de canales de comunicación y a la obstrucción en el acceso a las carpetas de investigación. *** “Como testigos y víctimas directas de la falta de voluntad política, de honestidad, de eficacia y profesionalismo por parte del Fiscal General y del Fiscal Especializado Luis Eduardo Coronel Gamboa, expresamos una protesta enérgica contra la serie de declaraciones lastimosas que mediante boletín ha difundido la Fiscalía General del Estado”, señalaron los colectivos. *** “El Fiscal General del Estado, miente al sostener que es la institución que más resultados ha logrado en el país; miente al afirmar que la Fiscalía ha dado un trato respetuoso y que ha habido apertura al diálogo. La última vez que el Fiscal General atendió a los colectivos fue el 13 de octubre de 2017 en la última visita que realizó a Veracruz el exsubsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián”, apuntaron. *** “Jorge Winckler se confunde, nosotras no somos las criminales. Estos -los criminales- siguen libres, delinquiendo y lastimando a la sociedad y a las familias de Veracruz, porque el Fiscal no ha sabido trabajar con inteligencia, respeto, compromiso y eficiencia”. *** ¿Le dará a Jorge Winckler su capacidad de raciocinio para entender que ya debe irse?
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Está establecido en la Carta Magna, Artículo 127, y en la Constitución local, Artículo 82, fracción II:
“Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la del Presidente de la República, establecidas estas en los presupuestos de egresos correspondientes. Ningún servidor público de la administración pública estatal podrá recibir remuneración mayor a la del Gobernador del Estado”.
Este jueves la Legislatura local dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, que considera, entre otros rubros, reducción de salarios de servidores públicos, eliminación de regímenes “privilegiados” de jubilación, lo mismo que seguros privados de gastos médicos y de vida.
Salvo casos “estrictamente justificados” por razón de la función desempeñada, se elimina el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Se limitará el uso de vehículos de propiedad del Estado, al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población. Se limitarán los viajes oficiales al extranjero y quedará prohibida la adquisición
de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para poner tope a los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los servidores públicos comisionados.
Esta Ley pone límites, además, a los gastos de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones y bienes informáticos.
Para evitar que le “saquen la vuelta” a estas restricciones, se prohibirán también los fideicomisos, fondos, mandatos, o análogos públicos o privados, y tampoco se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
En esta iniciativa, además, se da luz respecto a los criterios que habrán de prevalecer para los gastos en materia de publicidad.
En su Artículo 7 se establece: “El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria”.
Y advierte que esas asignaciones “no podrán ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. En cualquier caso, la difusión de propaganda oficial por parte de los entes públicos locales en radio y televisión deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Únicamente cuando éstos no estén disponibles o sean insuficientes, procederá la aplicación de gasto en tiempos comerciales, conforme a lo establecido en la ley de la materia”.
Y remata: “La difusión de propaganda oficial por parte del Poder Ejecutivo local deberá realizarse por conducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz”.
Se contratará publicidad, sí, pero sólo para casos estrictamente justificados y en circunstancias en las que quede claro que los medios y tiempos oficiales son insuficientes.
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Epílogo.
La Junta de Coordinación Política de la Legislatura local emitió un punto de acuerdo para exhortar al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), a que revise de forma exhaustiva los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, que anunció Miguel Ángel Yunes Linares desde octubre de 2017. La propuesta fue aprobada de forma unánime. *** Tras la salida del diputado Juan Carlos Molina del Grupo Legislativo del PRI, ese órgano político salvó su conformación como bancada, al convertirse en “grupo mixto”, con la incorporación de la joven Andrea Yunes Yunes, quien se ostentaba como diputada independiente, representando al Partido Verde. Andrea Yunes aclaró que su padre, el diputado federal Héctor Yunes Landa, no le da línea o determina su trabajo en la Cámara. Bien.
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