Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La maquinaria se echó a andar y ya nadie la detiene. *** La noche del miércoles las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales emitieron los dictámenes en los que declaran la procedencia de tres denuncias de Juicio Político en contra del aún Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. *** El Artículo 18, fracción XXVI señala como atribución del Congreso, “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos que conforme a la Constitución local pueden ser sujetos de juicio político, e instituirse en órgano de acusación en los juicios que contra ellos se instauren”. *** El tema ya fue analizado en Comisiones y el siguiente paso es que se turne a la Comisión Instructora. *** Este trámite es independiente de la posible remoción del Fiscal, mediante los mecanismos que ya contempla la Ley.
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Se entiende que el aún Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, considere “preocupante y sumamente grave” que el encargado de la política interior en Veracruz (se refiere al secretario de Gobierno, Éric Cisneros) “promueva el quiebre del Estado de Derecho y el ataque a una Institución Pública”.
Se entiende que se diga sorprendido, pues él es un servidor público muy joven (debe andar rondando los 43 años) y apenas estaría alcanzando su mayoría de edad cuando Patricio Chirinos gobernó Veracruz (1992-1998) y Miguel Ángel Yunes Linares, su mentor, era precisamente secretario de Gobierno.
Quizá ni siquiera había llegado a tierras veracruzanas (no olvidemos que Jorge Winckler es oriundo de Oaxaca).
Si nadie le ha contado, entonces es muy probable que no sepa lo que de verdad es promover “el quiebre del estado de derecho y el ataque a las instituciones públicas”.
Yo soy algunos años mayor que Jorge Winckler. En aquella época fui designado por el entonces coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Miguel López Azuara, como enlace en la Procuraduría de Justicia. Recién había solicitado licencia el doctor Eduardo Andrade para contender por una posición en el Senado de la República, y un par de semanas después llegó a suplirlo Rodolfo Duarte Rivas, un servidor público sin experiencia en el ámbito judicial, pero con la consigna bien clara de atender en todo momento a las instrucciones del secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes, que en ese entonces fungía además como “coordinador del gabinete de seguridad”.
De los atropellos, de la impunidad con la que actuaba en aquel entonces Miguel Ángel Yunes Linares (a quien muchos atribuían la calidad de “vice-gobernador”) se han escrito muchas páginas. Ese historial de abusos y prepotencia sólo pudo ser superado por él mismo, cuando por fin consiguió que lo eligieran gobernador, por fortuna para los veracruzanos, por un período de apenas dos años.
La actitud frontal, directa, cruda de Éric Cisneros al referirse al desempeño de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía de Veracruz, no tiene parecido alguno con el autoritarismo que en el servicio público demostró siempre Yunes Linares.
Reza el dicho que “alabanza en boca propia es vituperio” y queda justo para el comunicado oficial que emitió Jorge Winckler este miércoles.
Presume que durante su gestión Veracruz se destacó como “el único estado en donde se ha vinculado a proceso, sustentado en datos de prueba sólidos, a altos mandos de instituciones de seguridad del estado, que probablemente participaron en desapariciones forzadas de personas, permaneciendo todos aquellos que han sido imputados, sujetos a procesos penales”.
“Sustentado en datos de prueba sólidos”, afirma el comunicado.
Cuando ese documento era subido a la página oficial de la Fiscalía, ya en el Congreso del Estado, Arturo Nicolás Baltazar (abogado de Carlota Zamudio Parroquín, quien se encuentra internada en el penal de Pacho Viejo) había presentado una nueva solicitud de juicio político en contra de Jorge Winckler.
El abogado de la exdelegada de la Policía Ministerial dio a conocer que el proceso contra su clienta está basado en la declaración de dos testigos de “identidad resguardada”, quienes aseguran haber recibido la orden de la que en ese entonces era su superior (se entiende que los testigos son agentes de la Policía Ministerial) para que modificaran su informe y de los 13 cuerpos encontrados en una fosa, señalaran que “sólo encontraron seis”.
¿Esos son los datos de prueba sólidos?
¿Alguien le ha explicado al aún Fiscal que en procesos por desaparición forzada no es válido resguardar la identidad de los testigos?
Está claro que la actitud de Jorge Winckler obedece a un guión bien detallado que le preparó el que fuera su mentor, su jefe y su guía espiritual, Miguel Ángel Yunes Linares. A pesar de sus limitaciones en el conocimiento del Derecho, Winckler Ortiz sabe que será removido del cargo, pero se consuela con la certeza de que habrá cumplido con la misión que le encomendaron: resistirse lo más que pueda, para generar inestabilidad en el gobierno de Cuitláhuac García.
Su final está muy cerca y las consecuencias de su actitud serán de carácter penal.
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Epílogo.
En esta guerra fratricida muchos se están subiendo al barco, sin entender que, más que ayudar, lo que consiguen es obstaculizar un procedimiento que está muy bien cuidado, tanto en el ámbito jurídico como en el político. *** Es el caso de Hilario Arenas, quien se ostenta como Presidente de una Asociación Civil denominada “observatorio y contraloría ciudadana” y quien anunció que presentaría al Congreso local una solicitud de Juicio Político contra el actual titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña. *** Si existen elementos, o no, para iniciar tal procedimiento, es tema de los legisladores, pero en el caso de Hilario Arenas es menester recordar que es un cercano colaborador de la actual diputada por Morena, Mónica Robles, que casualmente forma parte de la Comisión de Justicia y Púntos Constitucionales. Hay formas más sutiles de participar, sin exponerse a ser señalados por “conflicto de intereses”. *** El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, gestionó apoyos para los habitantes de la región de Los Tuxtlas, que resultaron afectados por las fuertes lluvias que han azotado en los días recientes. El legislador coordinó esfuerzos con el gobierno estatal para llevar apoyos a los municipios de Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Santiago Tuxtla, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla y Playa Vicente. Bien. *** Juan Carlos Molina anuncia su salida del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local. De no conseguir que alguien más se les sume, los priistas se quedarían sin grupo, algo inédito en la historia política de Veracruz.
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