Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
No es la primera vez que Miguel Ángel Yunes tacha de “ignorantes” a los veracruzanos. En ocasiones es más específico y alude a los “periodistas veracruzanos”. *** Suele recurrir a tal descalificación cuando lo que dicen se contrapone con su propia versión de los hechos. *** La semana pasada Yunes Linares tuvo otro de esos exabruptos. Juró a voz en cuello que nadie en su administración ha incurrido en irregularidades administrativas que ameriten hablar de “daño patrimonial”. *** “No hay ningún daño patrimonial, es una absoluta mentira de quien lo haya dicho o son ignorantes, porque lo que dice el Órgano de Fiscalización Superior es que hay observaciones por una cantidad ‘equis’; buena parte de esas no corresponden a dependencias del Ejecutivo, sino a organismos públicos descentralizados”, dijo. *** Y, sin embargo, los números plasman otra realidad. El legislador priista Carlos Morales Guevara, integrante de la comisión de Vigilancia del Congreso local, advirtió que las observaciones del Orfis, por el presunto daño patrimonial de más de 300 millones de pesos, y las faltas graves por cerca de 800 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2017, contradicen el discurso que, desde la campaña, promovió el gobernador Miguel Ángel Yunes, quien prometió un manejo transparente de los fondos del Estado. *** “Pensábamos encontrar un panorama donde no iba a existir ningún tipo de presunto daño patrimonial, ni siquiera algún tipo de interpretación que pudiese enmarcar a la administración saliente, en datos que a la sociedad los tiene cansados, que son la corrupción y abusos en el ejercicio del poder”, se lamentó Carlos Morales. *** Al final no fue más que otra “mentira de campaña”, de esas promesas que lanza un político al aire con tal de ganar votos, a pesar de que sabe que no habrá de cumplir. *** Ese fue el gobernante que elegimos.
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El jueves de la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que había conseguido que le otorgaran órdenes de aprehensión contra doce exfuncionarios de la administración estatal de Javier Duarte, acusados todos ellos de peculado.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales explicó que estas órdenes de aprehensión son consecuencia de las 80 denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el probable desvío de recursos federales durante la administración de Duarte de Ochoa.
Felipe Muñoz Vázquez, quien encabeza la investigación, comentó que desde que estaba al frente de la PGR Arely Gómez (hoy titular de la Secretaría de la Función Pública), ya había algunas carpetas de investigación, pero “parece que la intención era que no salieran bien. A esas carpetas de investigación no se les había hecho nada”.
Para evitar que los objetivos se den a la fuga, la PGR no reveló los nombres de los imputados. Eso ha provocado que en Veracruz se desaten las especulaciones. Hay quienes juran tener “La Lista”.
Falso. No la conocen, sólo especulan a partir de los datos que han ido saliendo a la luz pública.
Las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, por desvíos de recursos en Veracruz, datan desde las cuentas públicas del gobierno de Fidel Herrera, y son varias decenas de servidores públicos los involucrados.
Para tener una idea clara de quiénes pudieran haberse hecho merecedores de orden de aprehensión, valdría la pena atender algunos apuntes que dio a conocer el abogado Fidel Ordóñez:
– Para todos los que fueron Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz hasta el 31 de diciembre del año 2014: Ya prescribió el delito de Peculado para todos sus efectos legales”.
– Por otra parte, todos aquellos Servidores Públicos Estatales que fungieron después del año 2016, la prescripción es de cinco años e inicia el conteo a partir del primero de enero del año 2017.
– Para todos aquellos Servidores Públicos Estatales que fungieron hasta el año 2015, la prescripción es de tres años e inicia el conteo a partir del primero de enero del año 2016.
– Igual situación se da para los delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un Deber Legal.
Un punto de gran importancia para estos procesos, fue lo revelado por el subprocurador Muñoz Vázquez, quien admitió que están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre si se aplica en forma retroactiva el criterio que establece que toda información bancaria y financiera debe ser obtenida mediante la orden de un juez.
Si se aplica de manera retroactiva, las pruebas con las que cuentan contra las 12 personas que enfrentan orden de aprehensión, podrían ser calificadas de ilícitas y se vendrían abajo los casos.
Javier Duarte, mientras tanto, impugnó la sentencia recibida, que considera nueve años de prisión, una multa de 58 mil pesos y el decomiso de 4i propiedades.
El ex gobernador reclamó la forma en la que el juez realizó el concurso de delitos para imponer la pena, aunque este aspecto no afecta el fondo de la sanción.
La apelación de Javier Duarte será atendida por un Tribunal Unitario en la Ciudad de México que decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia. Sin embargo, es posible que la defensa se desista en los próximos días para evitar entorpecer los términos del proceso.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos rechazó la petición presentada por el gobierno de México para asegurar diversos bienes relacionados con Duarte de Ochoa, localizados en el estado de Florida.
La PGR afirmó que hizo las gestiones necesarias, pero aun así las autoridades estadounidenses se negaron a asegurar los bienes presuntamente adquiridos con recursos desviados de las arcas de Veracruz.
Se trata de los mismos bienes que el actual gobierno de Veracruz reclama en una Corte de Circuito del Condado de Miami-Dade, Florida.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que ya sabían de la posibilidad de la negativa del Gobierno de Estados Unidos, por lo que buscan recuperarlos mediante la vía civil, aunque es un camino más largo.
Como se ve, el tema jurídico en contra de Javier Duarte y sus colaboradores se desmorona a la misma velocidad que se acaba el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
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Epílogo.
En corto, desde hace tiempo, a su equipo más cercano y al propio Cuitláhuac García, Andrés Manuel López Obrador advirtió que no tocaría tierras veracruzanas mientras siguiera gobernando Miguel Ángel Yunes Linares. *** Es por eso que no ha visitado Veracruz en su recorrido por el país, aunque ya le aseguró al gobernador electo que este será el primer estado que visite una vez que haya asumido el cargo de Presidente, el primero de diciembre. *** No es, pues, de extrañar, que haya sido cancelado el Foro de Seguridad, que coordina Alfonso Durazo. Eso no quiere decir que los veracruzanos no serán escuchados. Ya se han puesto en marcha mecanismos para recabar la opinión y las propuestas de la sociedad civil de esta entidad. *** La diputada presidenta de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, en el Congreso local, Miriam Judith González Sheridan, dijo que la Ley número 680 de atención a personas migrantes y sus familias entró en vigor a partir del 6 de octubre, por lo que las asignaciones presupuestarias públicas destinadas a la atención a migrantes, serán consideradas de interés público y no podrán ser disminuidas ni transferidas para otros conceptos en el ejercicio fiscal correspondiente. Bien.
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