Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
De risa, la actitud asumida por el Congreso local. Anuncian reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para “evitar excesos de las autoridades municipales salientes”. *** La Legislatura dio a conocer que ya no se autorizarán enajenaciones, o la transmisión de la posesión o dominio de bienes en los últimos tres meses de cada administración municipal. *** La reforma contempla que cuando esté por concluir un periodo municipal no se admitirán solicitudes para disponer de bienes muebles o inmuebles que puedan provocar una modificación al patrimonio del Ayuntamiento. *** No parece mala idea, pero ¿por qué no consideraron la misma medida para el gobierno estatal? *** Tienen en su poder la más reciente solicitud del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Acaso los criterios plasmados en esta reforma no aplican con el gobierno estatal?
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Lo advirtió Miguel Ángel Yunes el 27 de mayo del presente año en Boca del Río: “Se han integrado muchas carpetas de investigación. Se están aplicando las normas legales. Se están solicitando las órdenes de aprehensión. Hay un número importante de órdenes de aprehensión ya ejecutadas y otras que se van a ejecutar. En algunos casos no se ha podido porque las personas tienen fuero y la Cámara de Diputados federal impidió que se (les) desaforara. Pero el 30 de agosto a las 12 de la noche pierden el fuero y seguramente la Fiscalía podrá actuar”.
Lo repitió apenas el pasado mes de julio:
“Hay procedimiento que están iniciados y que precisamente no se han podido continuar porque tienen fuero, pero lo pierden el día último del mes de agosto y continuarán, particularmente en el caso de Alberto Silva Ramos y Tarek Abdala”.
Este miércoles, sin embargo, el periódico porteño Notiver hizo referencia a seis legisladores federales contra quienes podrían ejecutar órdenes de aprehensión a partir del primero de septiembre: Tarek Abdalá, Alberto Silva, Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota y Édgar Spinoso.
Mientras tanto, en el portal “Animal Político” sólo hacen referencia a cinco de ellos, pues dejaron fuera de su contabilidad al diputado federal por Los Tuxtlas, Jorge Carvallo Delfín.
La mayoría de los expedientes abiertos contra estos legisladores tienen que ver con las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, órgano que denunció el desvío de más de 35 mil de millones de pesos. Otras están relacionadas con las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a partir de denuncias presentadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que detectó la operación de numerosas empresas fachada (“fantasmas”) que habrían sido utilizadas para simular obras y adquisiciones que nunca se llevaron a cabo.
El primero en ser señalado por estas irregularidades fue Antonio Tarek Abdalá, quien ocupó durante buena parte de la administración de Javier Duarte, el cargo de Tesorero del Estado. Los pagos a la red de empresas fantasma no podrían haberse dado sin su aprobación.
Alberto Silva (Sedesol), Jorge Carvallo (Sedesol), Adolfo Mota (SEV), Edgar Spinoso (SEV) y Érick Lagos (Segob) son involucrados en estas investigaciones, pues todos fueron titulares de Secretarías de despacho en las que fueron detectadas las operaciones con empresas fachada.
Algunos reportes periodísticos omiten, sin embargo, a la diputada Nohemí Guzmán, quien fungiera en la administración de Javier Duarte como titular de la Secretaría de Protección Civil, área en la que también se detectaron compras simuladas.
Aunque los señalamientos corresponden al fuero federal, en el ámbito estatal el gobernador Yunes Linares inició sus propias acciones legales contra ellos. A través de su “fiscal-carnal” Jorge Winckler gestionó el desafuero de Tarek Abdalá y de Alberto Silva, pero en ambos casos las solicitudes fueron desechadas.
Fue entonces cuando advirtió que ellos perderían su fuero antes de que él concluyera su mandato, y que esperaría con paciencia esa fecha para ejecutar las órdenes de aprehensión.
El plazo ya se cumplió.
Sin embargo, los legisladores federales no han estado cruzados de brazos. Todos, sin excepción, han recurrido a despachos jurídicos para evitar ser arrestados, pero a la vez han desarrollado estrategias específicas para “blindarse”.
El viernes a las 12 de la noche concluyen su gestión y, por lo tanto, dejan de tener fuero. Hasta entonces sabremos si para Miguel Ángel Yunes Linares es más importante consumar su venganza, que protegerse él mismo (y a su familia) de la embestida jurídica que se le viene encima.
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Epílogo.
“Es el inicio de una encomienda en la que se servirá en todo momento a los veracruzanos”, expresó este miércoles Anilú Ingram Vallines, luego de rendir protesta como integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. “Seremos una oposición responsable, que apoye lo que nos haga crecer como país y que señale lo que perjudique a los mexicanos”, advirtió. *** La académica e investigadora de la Universidad Veracruzana, Rosío Córdova Plaza, no quita el dedo del renglón. A pesar del acoso del que fue víctima por parte de la Fiscalía General del Estado, persiste en su decisión de denunciar el clima de inseguridad que viven los veracruzanos. “Si en un inicio la migración veracruzana fue impulsada directamente por factores económicos, ahora esto ya va marcando otro giro. La violencia está impactando muchísimo, incluso se está reflejando en el reingreso a los circuitos migratorios porque aunque regresen las personas empiezan a ser víctimas de algún tipo de delincuencia y entonces se regresan no necesariamente al lugar a donde habían migrado inicialmente, sino a otros espacios, dejan Veracruz o dejan su localidad de origen con la esperanza de que puedan estar más seguros”. *** La Fiscalía General del Estado deberá entregar la información sobre el número de fosas clandestinas que han sido halladas en el estado del año 2000 a la fecha. Así lo ordena el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), tras determinar que la Fiscalía “no fue exhaustiva” en buscar la información solicitada por una ciudadana que además pidió conocer el número de restos humanos hallados. En la información que debe entregar la Fiscalía, debe aportar, además, datos como la edad de las víctimas, el género e incluso si entre los restos humanos se encontraron menores de edad. Los comisionados determinaron que la Fiscalía deberá entregar además ubicación exacta de las fosas, fecha del hallazgo, quién informó sobre las fosas, si fue anónimo o derivado de una investigación. Cuántos de los restos lograron ser identificados, cuántos falta por hacerlo y cuántos fueron entregados a sus familiares o enterrados en fosas comunes.
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