La realidad es que todos los que exigen pago tienen facturas; todos los que exigen pago tienen evidencias. El problema es la manera cómo se hicieron negocios en los sexenios anteriores, negocios con precios inflados. Por ejemplo, un lapicero de seis pesos lo ponen en cincuenta pesos; una obra de dos millones la ponen en 15 millones; unas laptops de cinco mil pesos las ponen en 50 mil pesos.
Esas deudas, aunque se muestre factura y se presenten las evidencias, no son legítimas. Pagar a los proveedores a quienes se les adeuda requiere de algo más que una simpe factura y evidencias. Requiere de una investigación por cada caso y si se llega a dar que alguno de estos proveedores o constructores se quiere pasar de listo, pues a la cárcel con él.