Se podrán decir muchas cosas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pero nadie duda que la detención del extitular de la Fuerza Civil, Roberto González Meza y otros dos subalternos es un golpe quirúrgico y letal contra la impunidad en la que se condujo Bermúdez Zurita y compañía. No es de poca monta acusar a alguien de desaparición forzada, éste es el término jurídico que emplean las leyes para designar a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos.
Este delito no expira, se persigue férreamente mediante importantes tratados internacionales que México ha firmado con otros países y éstos pueden escalar jerarquías superiores. Y es que ni en las mejores historias de terror y persecución de la Gestapo contra los judíos se refleja el organigrama y modus operandi que tuvo Bermúdez Zurita en contubernio con Gonzales Meza, José Nabor Nava Holguín, José López Cervantes, y el ex director de Prevención y Reinserción Social, José Óscar Sánchez Tirado.
Si en verdad se aplica la justicia y se resarce el daño a los familiares de las víctimas, en Veracruz se estará dando un gran paso en la procuración de justicia. Pero desde luego, la pregunta que se encuentra sin resolver todavía es que, tanto subalternos como el mismo jefe Bermúdez se mandaban solos para realizar estas detenciones o tenían la venía de quien mal condujo al estado.
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