Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
En diciembre de 2015, la Asociación Civil Alto al Secuestro que encabeza Isabel Miranda de Wallace, ubicó a Veracruz como “el primer lugar en detención de secuestradores”. *** El entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que entre el 2010 y el 2015 el delito de secuestro disminuyó hasta en un 40 por ciento en el estado. *** En ese lapso, dijo, se detuvieron a 989 probables secuestradores. Tan solo en 2015 la efectividad obtenida fue 24 veces mayor que la registrada en el 2010, y se desarticularon 159 bandas dedicadas al secuestro en el territorio veracruzano. *** Lo anterior se logró, dijo, por el trabajo de los tres órdenes de gobierno. “Somos modelo exitoso en combate del crimen y el secuestro gracias a la certificación de la FGE y de la SSP y de las acciones específicas y contundentes en contra de quienes los cometen”, declaró en ese entonces. *** Hoy Isabel Miranda de Wallace vuelve a ubicar a Veracruz en el primer lugar de todo el país, pero ya no por el número de capturas conseguidas contra secuestradores, sino por el número de casos de privación de la libertad. *** “Veracruz sigue siendo el estado con más secuestros, registró el mayor número de secuestros en el país en el mes de julio, por segundo mes consecutivo; sé que esto no le gusta al gobernador Yunes Linares, pero pues son los números y es la realidad”, dijo Isabel Miranda. *** Otra vez la maldita realidad, que echa por tierra los optimistas discursos de nuestro gobernador. *** ¿No sabe Yunes Linares cómo resolver este tema? Es sencillo. La solución la tiene muy cerca. Basta con que Jaime Téllez Marié acuda a Pacho Viejo y le pregunte a Arturo Bermúdez cómo le hizo.
* * *
Lo escribe este miércoles el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal:
“En el temario que llevaban Solís y Meneses Wyell (directivos de Odebrecht quienes se reunieron con funcionarios de la PGR en diciembre del 2016), se encontraba también su preocupación por los diferentes procesos electorales en Tamaulipas y Veracruz, dos de los estados donde tenían fuertes inversiones y que temían resultaran afectadas por los cambios de gobierno. En esas dos entidades se presume es donde Odebrecht invirtió en campañas electorales, particularmente en Veracruz, donde la relación que comenzó durante el gobierno de Fidel Herrera, se profundizó durante el de Javier Duarte, en parte por la intensa promoción que hizo de la empresa la entonces embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes”.
Como bien lo narra Riva Palacio, la relación de Odebrecht con los gobiernos de Veracruz data desde el gobierno de Fidel Herrera.
En mayo del 2010 el entonces gobernador de Veracruz viajó a Brasil en una gira oficial. En su primer día de trabajo, Fidel Herrera sostuvo una reunión con Marcelo Odebrecht, fundador y Presidente del corporativo que lleva su apellido y que hoy se encuentra en prisión, en Brasil, sentenciado a casi 20 años por actos de corrupción.
Tras la reunión, Fidel Herrera anunció que se había concretado una inversión de 2 mil 500 millones de dólares de la empresa Braskem (filial de Odebrecht) en el sur del estado.
Se trataba -explicó en esa ocasión el gobernador de Veracruz- de la construcción de la planta Etileno XXI, que realizarían, en sociedad, Braskem y el corporativo mexicano Idesa, en Coatzacoalcos.
En ese mismo viaje se anunció que otra empresa del corporativo Odebrecht –Unigel- había comprometido una inversión de 100 millones de dólares en asociación con Pemex, en el complejo petroquímico La Cangrejera.
En fechas recientes la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que documentos que posee la Fiscalía de Brasil revelan que dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía “fachada” en el estado de Veracruz.
El recurso se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.
Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 (cuando aún gobernaba Fidel Herrera, pero ya había ganado la elección Javier Duarte) y febrero de 2011 (cuando ya era gobernador Javier Duarte) a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua.
En la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción, se detalla que el 11 de agosto de 2010, la oficina matriz de Credicorp Bank en Panamá registró una transferencia por un millón 270 mil dólares entre Constructora Internacional del Sur SA y Blunderbuss Company de México. El Banco Monex sirvió como intermediario.
Nueve días después, 215 mil dólares salieron de la cuenta 4010177279 perteneciente a la operadora de Odebrecht en Panamá a favor de la empresa mexicana, ahora a través de Banorte.
El 26 de octubre de 2010 se registró una nueva transacción entre Constructora Internacional y Blunderbuss, esta vez por un millón 343 mil 918 dólares, de nuevo a través Monex.
Documentos en poder de la Fiscalía de Brasil muestran movimientos entre Blunderbuss con la empresa Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD), una de las operadoras de Odebrecht para ocultar sobornos.
Los reportes de la cuenta 244006 del Meinl Bank Antigua Limited, a nombre de IREAD, detallan tres transacciones que suman 925 mil dólares a favor de Blunderbuss Company de México.
En el acta constitutiva de la empresa Blunderbuss -elaborada el 3 de junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada- aparecen como socios dos personas ajenas a actividades empresariales.
Uno (Santiago Castellanos Estrada, quien tenía 66 años de edad al momento de crear la empresa) es un vendedor de seguros, que reside en Papantla, y el otro socio, (Plinio Roldán Lecona Argüelles, quien tenía 29 años de edad en ese entonces), funge como administrador único de la empresa y es un exempleado de una gasolinera, que vive en una colonia popular de Poza Rica.
Los supuestos dueños de Blunderbuss aparecen como accionistas en más empresas establecidas en Poza Rica.
Junto con sus vecinos y familiares participan en una red de compañías “de papel”, que comparten los mismos objetos sociales, pero que también carecen de actividad comercial visible, instalaciones, infraestructura y personal.
Sergio Castellanos Estrada –el vendedor de seguros– es accionista de Minesweeper Company así como de Taskmistress Company de México, mientras que Plinio Roldán Lecona Argüelles, el exempleado de una gasolinera, es dueño de Accelerator Company y comisario de Outsized Company de México.
La primera empresa fue creada en 2008, casi a la par que Blunderbuss, mientras las tres últimas fueron constituidas el mismo día, el 28 de marzo de 2011.
Así pues, el mecanismo de las “empresas fantasma” operaba incluso desde los tiempos de Fidel Herrera. Toca a la PGR, con el auxilio de la Secretaría de Hacienda, seguir la ruta de los fondos que llegaron a Blunderbuss, para saber si, efectivamente, fueron a parar a los exgobernadores de Veracruz.
* * *
Epílogo.
Andrea Yunes, hija del senador Héctor Yunes Landa (y sobrina, por supuesto, del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares) denunció a través de las redes sociales que fue víctima del robo de sus pertenencias, mediante un “cristalazo” a su camioneta, en el bulevar costero del segurísimo municipio de Boca del Río. “Me bajé 5 minutos a recoger algo y en pleno bulevar de Boca del Río me rompieron el cristal de mi camioneta y me sacaron todo, mi cartera, mi dinero, mis tarjetas, mi IFE. Dinero que he ganado trabajando como médico, con asesorías, con todo y aun así dicen que las cosas están bien. Dios mío”, escribió. *** El representante de Morena en Veracruz, Manuel Huerta, sugiere que se le siga la pista al dinero con el que fueron adquiridos los cinco vehículos que el SETSE sorteó entre sus agremiados para festejar sus 55 años de existencia. La versión “oficial” habla de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su hijo, alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y el secretario de Educación, Enrique Pérez, aportaron cada uno, de su bolsillo, un vehículo. Supongo que no será difícil demostrar que, efectivamente, lo pagaron con su dinero, y no con el de los veracruzanos. *** ¿Seremos testigos de la “transparencia” de nuestro gobernador?
Comentarios