Consejeros del IPE están protegidos: abogado

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Está retrasado el proceso legal por la denuncia que interpusieron pensionados contra los 13 integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por desvío de recursos FOTO: GUSTAVO MARIO CID/FOTOVER
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Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Está retrasado el proceso legal por la denuncia que interpusieron pensionados contra los 13 integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por desvío de recursos.

Así lo denunció el abogado de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Juan José Llanes Gil del Ángel, quien añadió que ha vencido el término constitucional.

«Está retrasado por supuesto, pero todos esos son cuestionamientos que tendría que responder el Fiscal General del Estado. Tiene un año la denuncia, este régimen comenzó a pasarle la factura a los duartistas en enero y ya estamos en agosto. No entendemos por qué a los miembros del Consejo Directivo del IPE ni con el pétalo de una rosa se les quiere procesar».

El representante legal acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en espera de los jubilados y pensionados que marcharon del IPE a ese lugar.

A su juicio, los miembros del Consejo Directivo del IPE están siendo encubiertos por las actuales autoridades.

Entre los denunciados se encuentra el exdirector del IPE, Octavio Antonio Gil García; exsecretario técnico, José Adán Córdoba Morales y el excomisario propietario, Ricardo García Guzmán.

Así como también, los consejeros Alfredo Ferrari Saavedra, Gerardo Mancilla Arteaga, Manuel Arellano Méndez, Acela Servín Murrieta, Enrique Levet Gorozpe, Enrique Cruz Canseco Ricardo Diz Herlindo y Faustino García Hernández.

«Yo creo que están incurriendo en encubrimiento (autoridades). Este régimen ha estimado que el trasiego de dinero de los organismos descentralizados a Finanzas es delito, eso está demostrado, porque algunos servidores públicos que estuvieron al frente de organismos descentralizados están siendo procesados, no entendemos por qué en el caso del IPE continúa un esquema de impunidad», apuntó.

Llames Gil del Ángel comentó que también se ha detectado un trato «diferenciado», que beneficia a los señalados.

«Aquí el detalle es que no hay un trato equitativo, es diferenciado, se trata de adultos mayores, deberían tener un trato diferenciado, definitivamente, pero a su favor», remató.

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