El tortuguismo burocrático de la PGR en el caso de Javier Duarte, no es otra cosa que un pesado manto de impunidad. Las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) duermen el sueño de los justos. El botón que hace clic para activar y darle celeridad al asunto no se ha aplastado. A pesar de las 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y desaparición de recursos federales, la PGR se mueve como una tortuga, dando pie a la sospecha de una negociación entre Duarte y el Gobierno Federal.
Se supone que la Procuraduría General de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal, sin embargo, no se ve clara la razón de su notoria lentitud.
Prueba fehaciente es la primera denuncia en contra de la administración de Javier Duarte ante la PGR que se presentó oficialmente el 11 de noviembre de 2014, y fue por haber simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como faltantes. Después se presentó otra el pasado 23 de diciembre y correspondió a un posible desvío de 800 millones.
Esta lentitud huele a impunidad, y seguirá despertando sospechas que finalmente terminarán desgastando a la institución de procurar justicia y de rebote desnudará las intenciones del Gobierno Federal.
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