Rafael Pérez Cárdenas /
A Stephania por estos dos años maravillosos
Es evidente, aún en sus propias cifras, que el gobierno estatal no ha cumplido las expectativas, tampoco las promesas de campaña, y menos aún, las responsabilidades prioritarias del Estado. Y aunque las fichas del dominó duartista siguen cayendo como una inútil estrategia de distracción, las mentiras caen por su propio peso.
La fórmula del éxito del neo yunismo parecía relativamente sencilla: poner orden en las finanzas públicas, apaciguar al estado y garantizar la seguridad pública, y finalmente, meter a la cárcel a la mayor cantidad de miembros de la fatídica pandilla que gobernó al estado los últimos doce años. Lo demás sería cosa de reír y cantar. Pero eso nunca sucedió.
Primer acto. Es cierto que el nuevo gobierno llegó en medio de una crisis financiera histórica, pero no lo desconocía. Al menos no lo desconocía por completo, ya que la Secretaria de Finanzas tomó el cargo aún antes que el propio mandatario estatal, por lo que se supone sabía el tamaño del problema.
Hoy el gobierno estatal sigue sin saber cuánto, a quién y por qué se le debe a cientos de empresas, según lo ha reconocido el propio Gobernador. La estrategia no sólo fue gansteril sino ilegal: a quien reclamaba el pago se le investigaba exhaustivamente y se le amenazaba si insistía en su pretensión. Eso no canceló la deuda, sólo la ocultó, postergando la bomba de tiempo.
En cambio, hicieron lo mismo que tanto criticaron: convertir al gobierno en una gran agencia de empleo para operar políticamente las siguientes elecciones.
Según se establece en el Primer Informe Trimestral 2017 de Gobierno del Estado refleja un incremento en el gasto corriente de las dependencias de gobierno en más de mil 500 millones de pesos de lo aprobado. También se da un aumento al Poder Judicial y la Fiscalía General, los brazos jurídicos de la venganza política.
El documento que se entregó a la Comisión de Hacienda del Estado, difundido ayer por diversos portales informativos, da cuenta del incremento del gasto que se había planeado en 56 mil 306 millones de pesos, a 57 mil 830 millones de pesos, a pesar de que se habla de un plan de austeridad por la crisis económica que atraviesa el Estado.
Los datos ponen en evidencia que las áreas más beneficiadas son: SIOP, que tuvo un ajuste de 180 millones 183 mil pesos más; A Sedesol –que maneja el programa electorero Veracruz Comienza Contigo– se le destinaron 116 millones de pesos más y la Oficina del Gobernador, logró un incremento de 78 millones de pesos de lo aprobado en diciembre. Esto ya trajo consecuencias.
Por estos días, el gobierno sigue intentando obtener nuevos créditos bancarios. Pero resulta que dos de las condiciones que se establecen en estos casos son: la reducción del gasto corriente del gobierno y el aumento en la recaudación de impuestos.
Pues el yunismo ha hecho exactamente lo contrario, lo que nos pone en el abismo crediticio, como Ficht Ratings confirmó hace un par de semanas. ¿Se justifican realmente estos incrementos para la operación política del Gobernador? No confundir transparencia con cinismo.
Segundo acto. La violencia no cesa; los índices delictivos se mantienen a la alza –la nota de ayer de que habían bajado es respecto a qué periodo se le compara- y los veracruzanos padecen toda clase de vejaciones prácticamente a cualquier hora y en cualquier lugar.
Los cuerpos de mujeres y hombres, de cualquier edad, aparecen por doquier; se asesina y agrede a periodistas. En febrero pasado, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, reconoció que existía un incremento de 120 por ciento en los indicadores de violencia en la entidad. Pero resulta que abril ha resultado el mes más violento en lo que va del año y el incremento de la delincuencia común no cesa.
Por otro lado, la justicia no se reduce a la detención de ex funcionarios corruptos; también consiste en recuperar el dinero -no de una manera extrajudicial- que se birlaron y que aún no se sabe dónde está.
En general, la seguridad y la justicia han fallado terriblemente. Cuando no se puede procesar a un grupo de ladrones detenidos in fraganti en un fraccionamiento de clase media alta, cuando no se sabe del paradero de un delegado del gobierno federal, cuando no se castiga a los responsable de decenas de ejecuciones que sólo se interpretan como enfrentamiento entre cárteles –aunque entre las víctimas se cuentan empresarios, periodistas o funcionarios municipales-, entonces todo es un carnaval de culpas.
Tercer acto. Es cierto, hay una cantidad inimaginable de funcionarios que se hicieron millonarios durante el gobierno de Javier Duarte. Algunos, los menos, ya están en la cárcel, tal vez los más emblemáticos. Pero ninguno de ellos ha sido procesado sino que sólo se encuentran en prisión preventiva y del dinero que acusa la Fiscalía que se llevaron, no han devuelto –al menos a las arcas estatales- ni un peso.
El bono democrático ya se esfumó, sin embargo, el proyecto personal sigue. Las tres tareas que parecían sencillas se convirtieron en un verdadero infierno, no para el gobierno sino para los veracruzanos que votaron por él.
Las del estribo…
- Gina tuvo poder, mucho poder, pero nunca supo para qué servía y que éste sería efímero. Quiso ser Secretaria de Gobierno; nunca quiso abandonar la Fundación Colosio, tampoco Veracruz, temiendo perder la riqueza que nunca había tenido. Hoy está en la cárcel, sin amigos y con sus malquerientes festinando a rabiar. Pero hoy está dispuesta a hablar, habrá que escucharla.
- Al paso que vamos tendremos que pedir disculpas por nuestra ominosa ignorancia respecto de los beneficios colectivos, concretos e inmediatos del gasoducto. Ahora sobran los expertos y declarantes que están a favor de su construcción. ¿Qué no era más fácil haber hecho eso antes de llevarlo a votación de manera sospechosa?
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