Xalapa, Ver. La diputada María del Rocío Pérez Pérez, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, presentó una iniciativa para modificar el Código Electoral y la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado a fin de referir que durante los 70 días anteriores a la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como diputados locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que implique la entrega de materiales o alimentos.
Durante la segunda sesión ordinaria, del segundo periodo de la LXIV Legislatura, la diputada Pérez Pérez subrayó que en un ambiente democrático no puede permitirse que el beneficio que brinda un programa social sea condicionado a cambio de lealtades a favor de un partido o de un candidato determinado.
Debe avanzarse –añadió- en la construcción de un marco legal que prohíba los entornos que perviertan el sufragio a partir del manejo electorero de los programas sociales, que sin ser la verdadera solución, brindan determinados beneficios a las familias más vulnerables del estado.
Conforme a la propuesta, los servidores públicos, partidos políticos, coaliciones y/o candidatos no podrán utilizar en su favor los programas públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo político, de lo contrario serán sancionados conforme a lo dispuesto en la ley correspondiente.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda relacionada a los programas públicos de carácter social.
La entrega de apoyos a la población –en el periodo electoral que se refiere- sería únicamente salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza, previa aprobación del Congreso del Estado.
La diputada María del Rocío Pérez manifestó que en México los procesos electorales se han caracterizado por altos niveles de abstencionismo, campañas electorales «sucias» que incluyen la intervención de los gobernantes ya sean federales, estatales y/o municipales y resultados con márgenes estrechos entre candidatos competidores.
Dijo que en la entidad debe darse un verdadero cambio con esta regulación, la cual servirá para ni que ya no se lucre con la pobreza ni la necesidad de la ciudadanía.
Agregó que en Veracruz viven en pobreza el 58 por ciento de la población, por lo que 4 millones 705 mil 253 veracruzanos tienen algún tipo de carencia, mientras que un millón 370 mil 500 personas, viven en condición de pobreza extrema, esto es casi el 20 por ciento de la población veracruzana según cifras de CONEVAL, enfatizó.
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