Juez Porky: salvando a un violador

Anuar
Juez Anuar González Hemadi (el Juez Porky), quien amparó a Diego Cruz con argumentos torcidos FOTO: TWITTER
- en Opinión

Mussio Cárdenas Arellano / 

* Revictimiza a Daphne  * Otorga amparo y desata furia  * Que Diego Cruz no tuvo “deseo carnal”  * Por ser menor, ella no comprendió el “acto sexual en su contra”  * Yunes prometió rescatar la reserva de Coatza  * A Caballero le vale  * Julia Francisco va por una regiduría  * Carta contra el magistrado Leonardo Cruz

Jurídicamente, Anuar González está muerto. Se destrozó con un amparo, el de Diego Cruz, uno de los Porkys de Costa de Oro, por su libertad y por revictimizar a Daphne, y porque hoy cualquier violador, siguiendo el manual del juez, tiene al alcance la impunidad.

Su fallo irrita a Veracruz, condenado por las cortes populares, donde el más ingenioso y el más procaz son líder y caudillo, los que saben de leyes y los que no, los que mueven las redes sociales y los que organizan a las víctimas en organismos no gubernamentales.

Lo acaba su razonamiento legal, el argumento de que si no hay “deseo carnal” no se acredita la violación; si la víctima no está indefensa, no hay pederastia; si no hay intención lasciva, no hay delito que castigar. 

Así el Porky introduzca sus dedos en la vagina de la víctima, si no hay “intención de satisfacer un deseo carnal” o “apetito inmoderado” o “erotismo sexual”, el delito puede esperar.

Su sentencia entraña una alerta social: cualquier violador, sabiéndolo hacer, puede burlar la ley.

Sacude a Veracruz Anuar González Hemadi, juez tercero de distrito, juez federal en el circuito de Boca del Río, con un fallo de antología, inadmisible, que movió a las masas e hizo caminar a las féminas, que generó iras y condenas, trascendiendo el caso de los Porkys de Costa de Oro al piano internacional.

Traído de España, donde intentó perderse, Diego Cruz Alonso protagonizó un escándalo con sus amigos Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez Acosta, la noche del 3 de enero de 2015, cuando abusaron sexualmente de una joven entonces de 17 años, de nombre Daphne, en la zona turística de Veracruz.

Tácitamente la cazaron. La siguieron, le llamaban por teléfono celular, la ubicaban. Ella les dio una ruta equivocada con intención de confundirlos. Sin embargo, al salir del antro donde había acudido con un grupo de amigas y el novio de una de ellas, el PH, ya la esperaban. Y ahí fue privada de su libertad.

Subida por la fuerza a la camioneta de Enrique Capitaine, sintió ahí la primera agresión. Diego Cruz y Jorge Cotaita la sentaron entre ambos en el asiento trasero del vehículo. Ahí comenzaron a tocarla. Le introducían las manos entre la ropa. La sometían.

Dice la denuncia:

Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas. Ella les insistió que no lo hicieran, que no quería eso, pero ellos, entre burlas y agresiones, seguían haciéndolo mientras Enrique Capitaine manejaba a toda velocidad, con Gerardo Rodríguez como copiloto. Todo ese tiempo, ella trataba de calmarlos y hacerlos entrar en razón, pero no lo logró”.

Hubo privación ilegal de la libertad, agresión sexual, pederastia, todo en forma tumultuaria. Y el juez Anuar González casi les imputa la culpa a la víctima.

Eran seguidos por el automóvil de sus amigas hasta que lo perdieron. Se dirigieron al domicilio de Capitaine, cuyos padres no se encontraban. Sólo su hermano gemelo estuvo ahí.

En el baño, sometida de nuevo, fue violada por Enrique Capitaine. Y luego, tras una llamada telefónica, entregada a sus amigas.

De lo ocurrido nada dijo Daphne hasta que su hermana le arrancó una confesión. Enterado el padre de la joven, confrontó a los padres de los Porkys de Costa de Oro. Les exigió una disculpa a su hija y que los autores del agravio se sometieran a un tratamiento psiquiátrico. Le dijeron que sí pero no lo hicieron.

Pronto, Daphne fue objeto de burlas en el colegio Rougier donde estudiaba, de mofas en redes sociales, de escarnio en el jet-set.

Pisoteada ella, ignorada la ley, la aldea global devoró a Diego, Capitaine, Cotaita y Rodríguez Acosta. Se les tildó con tino genial: Los Porkys de Costa de Oro, por cerdos y por el lujoso fraccionamiento en que viven.

Ello motivó a que el padre de la víctima interpusiera la denuncia penal y meses después exhibiera los videos en que los cuatro rufiancillos admitían su culpa en la violación y pedían el perdón de Daphne.

Ligados a grupos empresariales y políticos —Felipe Capitaine fue alcalde de Nautla, uno de los municipios que sirven de corredor de droga— gozaron de los favores del ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, alias Culín. No los inquietó. De hecho empantanó la investigación. Los dejó ir.

Presionado mediáticamente, el fiscal debió consignar a tres de los cuatro Porkys, que para entonces se hallaban ilocalizables.

Logró dar con Enrique Capitaine, quien se hallaba en Coahuila. A Diego Cruz Alonso se le ubicó en España. Se realizó el juicio de extradición, y una vez concedida, se le remitió a México.

Hoy está amparado, gracias a los oficios de Anuar González, un brillante abogado de buena fama, que todo lo que tiene lo logró por su empeño personal. Y con una pifia, se quebró.

Su fallo, sin embargo, lo aniquila. Más aún, por sus argumentos, por no mantener el equilibrio entre los derechos de la víctima y los derechos del acusado.

Refiere la sentencia que deben privilegiarse los derechos de una víctima cuando es menor de edad, por sensatez, por obligación legal y por tratados internacionales.

Dice, por ejemplo:

Se puede concluir que para que exista abuso sexual en el ilícito en estudio, es menester no sólo que se pruebe el acto libidinoso (tocamiento, roce, frotamiento o caricia), sino que dicha conducta haya sido desplegada con una intención lasciva del sujeto activo en el sujeto pasivo; es decir, el abuso sexual, consiste no sólo en la conducta en forma objetiva, sino que es menester que el elemento subjetivo, esto es, que dicho despliegue de acción haya sido con el ánimo al deleite carnal u obtener una satisfacción sexual o un apetito inmoderado de sensaciones placenteras”.

¿Y no las hubo?

Esta intención lasciva —agrega el juez federal—, elemento subjetivo conformador del ‘abuso sexual’, es el que no se acreditó en el presente asunto, pues no existe prueba alguna que compruebe eficazmente la lascivia en la conducta del quejoso”. 

O sea, Diego Porky tocó las partes de Daphne como quien agarra un vaso.

Sólo se da noticia de un hecho de tipo sexual (por la parte del cuerpo) en donde existió el tocamiento, pero no se aprecia esa intención de satisfacer placeres sexuales o el erotismo propio del activo, o de un apetito carnal inmoderado, pues es un hecho que se dio instantáneo, en un solo momento“, refiere en otra parte de la sentencia.

Razona el juez federal: ahí pudo haber “abuso sexual”, no pederastia. “Si no fuese la pasivo menor de edad, esto es, se estaría en presencia de una clasificación delictiva del delito de abuso erótico sexual y no de pederastia”.

Una más:

Si bien es cierto la menor manifestó que el activo de que se trata, le tocó los senos, y que por naturaleza se trata de partes del cuerpo de índole sexual, la sola narración de hechos que describe al momento en que se dio el evento delictivo, no brinda al suscrito la certeza que en ese hecho haya habido una intención lasciva por parte del activo y por tanto, sea constitutiva del “abuso sexual” que requiere el tipo penal de pederastia”.

Cita el juez el relato de Daphne consignado en la denuncia:

Comenzaron a jalonearle la blusa y tocarle los senos, le metían sus manos debajo de la falda y le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina, le bajaron el brassier, y aunque les decía que la dejaran y no la lastimaran, los dos le tocaban los senos”.

Para el juez González Hemadi, Daphne no podía comprender la contundencia del ataque hacia su persona:

Aunado a su minoría de edad –se dijo–, influyendo ello en su capacidad de comprensión del acto sexual en su contra”.

Asombra que el tecnicismo vulnere el derecho de la víctima. El amparo, como sostiene el abogado Gabriel Regino, no fue analizado con perspectiva de género. “El juez está diciendo que el cuerpo de Daphne pudo ser tocado, fue tocado y no hay problema”.

Lo lascivo se da al tocar el cuerpo de Daphne. Los delitos sexuales se cometen sin testigos y “la versión de la víctima tiene preponderancia”. Pero no para el juez proPorky

La repulsa es brutal. De Juez Porky no baja Anuar González. En su muro de Facebook lo insultan. Corre en las redes sociales su fotografía, junto a su esposa e hijas, con mensajes procaces. Que si actuara igual, si fueran los suyos a quienes les tocaran sus partes, seguro diría que esos Porkys serían inocentes.

Tácitamente la tesis del juez Anuar González es la pista para cualquier violador. Basta con aducir que no cabía en él un deseo carnal, que no hubo acción erótica, y a burlar la ley.

Emitió un amparo liso y llano, no para recomponer el juicio sino para otorgarle libertad plena al Porky Diego Alonso

Así se salva a un violador.

Archivo muerto

Tajante, Miguel Ángel Yunes Linares ofrecía, al tomar posesión, justicia plena para Tony Macías, el suegro incómodo de Javier Duarte, y para Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador de Veracruz, por el despojo de la reserva territorial, por el robo de las tierras de Coatzacoalcos. Decía Yunes azul: “Suscribí un documento para que se inicien los procedimientos legales con el fin de recuperar 60 hectáreas de Coatzacoalcos que fueron indebidamente cedidas por Fidel Herrera Beltrán a Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro de Javier Duarte de Ochoa, con un valor de mil millones de pesos (Parque Tecnológico Puerto México)”. Y agregó: “He instruido a que se presenten las denuncias correspondientes contra el ex mandatario (Fidel Herrera) y todos los implicados en el caso”. Y casi cuatro meses después ni hay acción, ni hay justicia, y el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, otorga permisos para que los beneficiarios de Fidel, el verdugo de Yunes, construyan más fraccionamientos habitacionales, ahí donde se perpetró el robo de las tierras. Lo suscribe el secretario de Obras Públicas, Fernando Secundino Ramos Torres, enterando al constructor Fernando Quintal Aguilar de la anuencia para la edificación del complejo Veleros Resort, en la confluencia de avenida Jirafas y malecón costero, sobre una superficie de 47 mil 542.18 metros cuadrados, casi cinco hectáreas. El documento fue suscrito con fecha 16 de marzo de 2017 y durante 15 días puede ser objetado e impugnado. O sea que mientras el gobernador Yunes empeña su palabra y ofrece que va por Fidel y Tony Macías, el alcalde Caballero, operador del suegro incómodo y su hija Karime —bendita abundancia— persiste en su afán de beneficiar justamente a quienes fueron parte de la trama fidelista para el despojo de la reserva territorial de Coatzacoalcos. Y pensar que parecía que Yunes iba en serio… Antorcha Campesina va por una regiduría en Coatzacoalcos. Su lideresa, Julia Francisco Julián, figura en una de las planillas, en lugar preponderante, que contenderá por la alcaldía del viejo Puerto México. Muy cercana al ex alcalde Marco César Theurel Cotero, al que le sacó electrificación y otras obras para la colonia Santa María, Julia Francisco incursiona por vez primera en una contienda municipal. De los votos que aporte dependerá que logré su sueño de ser edil… Otra pela al magistrado Leonardo Cruz Casas. Ahora en la prensa xalapeña, exhibe la empresa Pluvial del Golfo —Pluviales— su colusión con el cabildo de Coatzacoalcos para dilatar y no hacer cumplir la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la que es titular, con la que debe pagársele la construcción del último tramo del malecón costero. Su abogado, el doctor Marco Antonio Madrazo Carreón, le imputa que con “argucias legaloides” el ayuntamiento pretenda pagar con terrenos que son del pueblo de Coatzacoalcos, que exista “complicidad” entre Caballero y el magistrado Cruz Casaspara dilatar la acción de la justicia” y que el titular de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo “se niega a acordar la inhabilitación de los regidores que integran la comuna por incurrir en desacato”. Comienza a circular la carta en periódicos de Xalapa, en portales y en redes sociales. Está dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez peña, y la presidenta del Congreso de Veracruz, Mariely Manterola Sáinz… 

Publicada en mussiocardenas.com
29 de marzo de 2017
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