Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Familiares de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca ampliaron su denuncia para que Arturo Bermúdez Zurita sea investigado por desaparición forzada y permanezca en prisión hasta 45 años.
La denuncia incluye también a los cinco mandos del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por su presunta participación en la consumación del delito.
El señor José Benítez Herrera y su abogado Celestino Espinosa Rivera, acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), para entregar la documentación correspondiente.
«Venimos a ampliar la denuncia anterior, por la desaparición forzada contra Bermúdez Zurita. Estamos metiendo pruebas, creemos que son contundentes para anexarse», señaló el padre de José Benítez de la O y tío de Bernardo Benítez Arróniz.
El lunes 11 de enero, ellos regresaban de un fin de semana del puerto Veracruz, junto con Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo. En Tierra Blanca, fueron detenidos por policías estatales y sus familiares les perdieron la pista.
El abogado detalló que el Código Penal establece entre diez y 30 años de cárcel por el delito de desaparición forzada; sin embargo, si el desaparecido muere, la sanción incrementa la mitad.
Por ello, los exfuncionarios del gobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa, serían castigados con 45 años tras las rejas.
«La cadena completa de mando, dice la Ley Orgánica que son cinco mandos, esos están reservados (nombres). Nos atendió el director de Investigaciones Ministeriales, ratificaron el escrito», expresó Espinosa Rivera.
De acuerdo con medios de comunicación nacionales, el pasado 15 de junio, fueron identificados restos óseos de Bernardo Benítez, encontrados junto con más de tres mil fragmentos de restos humanos en el rancho El Limón, municipio de Tlalixcoyan, al sur de Veracruz.
Los familiares confían en las autoridades para que haya justicia en el caso y Arturo Bermúdez, también conocido como «capitán tormenta», permanezca en el penal de Pacho Viejo, donde fue recluido por estar vinculado a dos procesos judiciales: uno por el delito de enriquecimiento ilícito y otro por abuso de autoridad y tráfico de influencias.
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