Filiberto Vargas Rodríguez / Ante la imposibilidad de dar la única nota que les permitiría acceder a los principales espacios en los medios de comunicación (su localización y captura) el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) responde a los cuestionamientos de la prensa sobre el caso Javier Duarte, con datos vagos, sin certeza alguna.
Esta vez, al final de un acto sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el procurador Raúl Cervantes mencionó que la instancia a su cargo investiga «otras propiedades y otras inversiones» del exgobernador de Veracruz, aunque no entró en detalles «para no entorpecer las investigaciones«.
Seguramente con mucha razón, el sistema político mexicano ha elegido a Javier Duarte como la figura icónica de la corrupción. Lo que hoy se diga de él, por fantástico que parezca, será admitido por la sociedad.
Hoy el Gobierno de Veracruz debe, entre compromisos bancarios, bursátiles y el incumplimiento de pagos al sector privado y a instituciones como el SAT, el IMSS, el ISSSTE, municipios, la UV y los partidos políticos, cerca de 180 mil millones de pesos.
Hay quienes aseguran que esa cifra -que representa el presupuesto total de la administración estatal de dos años- fue a dar a los bolsillos de Javier Duarte.
Decía Salvador Dalí: “Lo único de lo que el mundo no se cansará nunca es de la exageración”.
Hay, sí, elementos suficientes para proceder penalmente contra Javier Duarte y otros personajes que habrían operado como socios (cómplices, pues), como operadores, o como prestanombres.
Hay que advertir, sin embargo, que la cifra del quebranto a las finanzas estatales no es la misma que el monto de lo robado a las arcas de Veracruz. No se puede perder de vista el déficit financiero que arrastra la administración estatal y que representa cerca de 10 mil millones de pesos por año.
Hay que considerar, además, que Javier Duarte no habría sido el único que «le metió la mano al cajón«.
Es fundamental para el nuevo gobierno que pugne por que se llegue hasta el fondo, en la investigación de los presuntos actos ilegales en los que habría incurrido el entonces gobernador de Veracruz, pero también muchos de sus colaboradores y otros que sacaron provecho de su cercanía e influencia con el Jefe del Ejecutivo.
Llama la atención el artículo del periodista Carlos Puig, publicado apenas el lunes, en el que menciona que todos los gobernadores que en estos momentos son señalados y perseguidos por presuntos actos de corrupción (léase Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, Fausto Vallejo y Gabino Cué, e incluso Andrés Granier) tienen una sola cosa en común: Todos ellos perdieron las elecciones para su propia sucesión.
Esto manda un preocupante mensaje a la sociedad mexicana. En este sistema político no se castiga al que roba, al que corrompe, al que violenta las leyes que juró cumplir y hacer cumplir. En México se castiga al que pierde, porque con su derrota rompe la hegemonía, genera desequilibrios políticos que se traducen en reclamos sociales, muy justos sí, pero nada equitativos.
Más temprano que tarde Javier Duarte será presentado ante las autoridades mexicanas. Habrá de pagar con cárcel su pecado de haber robado el dinero de los veracruzanos, y no haberle cumplido al presidente en el tema electoral (aunque él argumentó que no le permitieron proponer al candidato y que desde el centro propiciaron una pantomima con la confrontación entre los primos hermanos).
Esa es una lección que deben aprender los que hoy fungen como carniceros. Deben poner especial atención al tema electoral, pues en caso de perder, podrían convertirse en las reses de mañana.
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