Dos sacerdotes fueron sacados de una parroquia de Poza Rica para después ser asesinados por personas desconocidas, siendo abandonados sus cuerpos cerca de Papantla. Ya habían sucedido robos a parroquias en esa zona, ya se había solicitado más elementos de seguridad, sin embargo, las cosas antes que mejorar se agravan.
El crimen ha conmocionado a la comunidad. Sobrecoge la violencia y la alevosía en contra de estos ministros, que por supuesto el Gobierno estatal no se atreverá a criminalizar; son sacerdotes, no periodistas. Recientemente Javier Duarte en sus mensajes de Twitter se atrevió a decir que él dejaba un estado completamente seguro. Ahora vemos esa realidad que él se niega a contemplar. Esta es la seguridad que deja Javier Duarte.
La Iglesia por supuesto no puede quedar callada ante estos crímenes. Seguramente lanzará un reclamo tibio, un llamado de atención, un ruego de alivio, y es que la iglesia no puede reclamar con dureza al gobernador que les concedió su ley del “Sí a la vida”. Ahí está el precio que tienen que pagar: el silencio ante el dolor, ante la impotencia.
Los jerarcas católicos se sintieron distinguidos cuando Javier Duarte les concedió su capricho. Legalizaron la ley “Sí a la vida”, que criminaliza a las mujeres que decidan abortar. El día martes 19 de septiembre la ley “Sí a la vida” muestra su verdadera esencia; con Javier Duarte en Veracruz, la ley es un “Sí a la muerte”.
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