Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa creó empresas fantasmas para el aprovechamiento de inmuebles en comodato sin rendir cuentas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Así lo denunció el secretario de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Gerónimo Reyes Hernández, quien añadió que en próximos días se interpondrá otra denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, por el indebido manejo de los inmuebles del IPE.
El Hotel Xalapa se encuentra en contrato de comodato desde noviembre de 2005 en favor de la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas, cuyos socios son el gobierno estatal y el IPE.
«El IPE y el gobierno del estado son socios de acuerdo con esa acta de escritura de la creación de la empresa. Nosotros tenemos información además de que el IPE da en comodato a esa empresa sin ningún beneficio, lo más extraño es que los socios son los mismos funcionarios del IPE y del gobierno», agregó el pensionado.
La información fue obtenida mediante la plataforma Infomex; sin embargo, el IPE no cuenta con información financiera al respecto.
«Quién se queda con las ganancias de esos hoteles, quién se ha beneficiado durante estos 11 años de lo que ha producido los hoteles o por qué no han producido, ahora nos explicamos por qué el gobierno ha tenido durante años a gente ahí hospedada y sin que pague. Esta empresa es fantasma».
El administrador único de la operadora mencionada es Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho. Luis Rey Molina Rodríguez fue designado como comisario de vigilancia. Los accionistas son: Rafael Germán Murillo Pérez, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y Antonio Benítez Lucho, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, zona Veracruz-Norte.
Reyes Hernández destacó que será presentada la denuncia correspondiente para que sean castigados los responsables del fraude.
Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación al gobierno de Veracruz y funcionarios estatales la aceptaran por el retraso en el pago de las pensiones, se interpondrá una denuncia administrativa en la Contraloría General del Estado.
«Hay responsabilidades administrativas que establece la propia contraloría a todos los funcionarios públicos, queremos que la contraloría finque responsabilidades a estos funcionarios que han dejado de cumplir, aunque digan que aceptan y van a pagar a tiempo, porque hay un daño contra 28 mil pensionados en estos años», remató.
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