Filiberto Vargas Rodríguez / La guerra contra «los corruptos de casa» se le complica al dirigente nacional del PRI, el peñanietista Enrique Ochoa Reza.
En principio tuvo que admitir que estaba siendo extremadamente severo con sus correligionarios, y extraordinariamente benévolo con la oposición. Resultado de ese desequilibrio en su postura, fue que se fortaleció la percepción (algunos le llaman «certeza») de que los corruptos, «los de a deveras», están escondidos tras las siglas del PRI. Que los señalados en la oposición, son «peccata minuta».
Para resolver esa inconsistencia en su actuación, resolvió dedicarles unas palabras a los opositores, a quienes les anunció que «se les acabó el recreo«.
Salvo que algún dirigente de un partido distinto al PRI haya tenido que recurrir a su médico de cabecera, por eso del susto, las palabras del dirigente nacional priista nada resolvieron. La cacería sigue en el interior del partido tricolor y las fuerzas opositoras siguen disfrutando de absoluta impunidad.
Sin embargo, el camino tomado por Ochoa Reza está resultando más complicado de lo que esperaba.
Como bien lo informó este lunes el periódico El Universal en su columna Bajo Reserva, para poder suspender los derechos como militantes de los cuatro gobernadores y ex gobernadores que están bajo sospecha de corrupción (Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Rodrigo Medina) se debe demostrar primero su culpabilidad. No se trata de mero sentido común. Así lo establecieron las autoridades electorales del país.
«Hace apenas unas semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que es inconstitucional un artículo del Código de Justicia partidaria del PRI, que establece que de manera excepcional ‘si la gravedad del caso lo amerita, acordará la suspensión provisional de los derechos del infractor, hasta en tanto se dicta la resolución definitiva’. Este apartado, según los magistrados, es contrario al principio de presunción de inocencia por lo que no cabe ni la expulsión ni la suspensión inmediata y tendría que haber sentencia judicial de por medio«, da a conocer la columna de El Universal.
No sólo eso. Si en el PRI aspiraban a conseguir al menos la condena popular, tendrán que ser muy cuidadosos con sus procedimientos, no vaya a ser que en una de esas se lleven entre las patas al «principal activo del priismo», el Presidente Enrique Peña Nieto, exhibido una vez más por hacer trampa, ahora plagiando a diversos autores para redactar (o que le redactaran) su tesis profesional.
¿Cómo exigir rectitud y transparencia a los priistas si su «principal activo» se exhibe abusando del poder y protege a sus amigos?
El grupo de «gobernadores priistas corruptos» (según la percepción de Enrique Ochoa) no está cruzado de brazos. Si algo tienen son buenos abogados… y dinero para pagarlos.
Y no es que se trate de liberar de su responsabilidad a los señalados de corrupción, sólo se trata de hacer valer un principio que está contemplado en la Carta Magna y se ha visto fortalecido por el nuevo sistema penal en el país: la presunción de inocencia.
Hay quienes insisten en equiparar las redes sociales con la «vox populi», para condenar de manera inmediata y sin argumento alguno de defensa, a sabiendas de todas las injusticias y desmanes que se pueden cometer con el anonimato que ofrece la red de redes.
Hay elementos suficientes para juzgar por la vía penal a los que hoy son señalados de corruptos, y ellos tienen todo el derecho a defenderse en ese ámbito, el de los tribunales.
Todo lo demás es circo romano.
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