Sabino Cruz V. / La aprobación de los dos fideicomisos que garantizará el finiquito a proveedores y prestadores de servicios: Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas (FIAD) y el Fideicomiso para el Pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento del Estado de Veracruz (FIDESAN), por un lado les da certeza jurídica a estos “buenos” empresarios que desde hace varios meses exigían el pago de los créditos otorgados a dependencias del gobierno del Estado, pero por otro, abre un capítulo de impunidad, corrupción y malversación de fondos, que tiene todos los visos de ser comparado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León y del cual aún seguimos pagando los mexicanos.
Comparado no tanto por el monto de la deuda, que en el caso de Veracruz ronda los 11 mil 38 millones 504, 824.12 pesos, sino porque los causante de quebranto, -con excepción de Jorge Lankenau, Carlos Cabal Peniche, y Ángel Isidoro Rodríguez Sáenz, El Divino- es poco probable que se les abra proceso, se les finque responsabilidades y se recupere parte del dinero que tomaron de manera “inexplicable”.
De acuerdo a los datos “filtrado” de las dependencias que concentran la mayor deuda, la Secretaria de Educación Pública, ocupa el primer lugar. Su titular, la maestra Xóchitl Adela Osorio Martínez, hace meses “filtró” que había renunciado al cargo porque no se iba a ser responsable del cochinero que había encontrado en la secretaría; no obstante la maestra Osorio Martínez antes de ser titular de la dependencia por varios años fue subsecretaria de educación básica, y su área es la que concentra una buena parte de la deuda.
Rendición de cuentas a la que deberá agregar la controversia que la presidencia de la República interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Comité Estatal de Seguimiento (CES) al Servicio Profesional Docente (GOE Acuerdo SEV/DJ/014/2016) por considerar que este, al igual que las reformas anticorrupción, está hecho a “modo”.
En la misma situación se encuentra el que en su momento fue el consentido del sexenio, que del DIF-Estatal, pasó a la secretaría de Salud (SESVER) en donde dejó una deuda que lo coloca en el deshonroso segundo lugar. El bueno de Juan Antonio Nemi Dib, tuvo la puntada de predicar con el ejemplo, sometiéndose a un régimen riguroso de dieta para bajar de peso y así motivar a las personas con sobrepeso e incidir en el alto índice de personas obesas.
Otras dependencias que endosaran la deuda a los veracruzanos son la Secretaría Particular del C. Gobernador, que pasó de Jorge Carvallo Delfín a Juan Manuel del Castillo Gonzáles; la Secretaria de Desarrollo Social, cuyos titulares fueron Ranulfo Márquez Hernández, Marcelo Montiel Montiel y Jorge Carvallo Delfín; la Secretaria de Gobierno, que tuvo al frente a Erick Alejandro Lagos Hernández, Gerardo Buganza Salmerón y Flavino Ríos Alvarado; la Coordinación General de Comunicación Social, que por varios años estuvo a cargo de María Georgina Domínguez Colio.
Que el gobernador Javier Duarte de Ochoa sea expulsado del partido que lo llevó al gobierno de Veracruz o que compruebe el origen de su riqueza, no significa que se le exima de la responsabilidad del desastre financiero, las ejecuciones, secuestros, extorciones, robo con violencia, feminicidios en el que se deja al Estado. Como tampoco lo hace menos culpable/responsable del saqueo que hicieron sus “hombres de confianza”. Recursos, muchos de ellos, etiquetados para combatir la pobreza, el rezago educativo o las enfermedades endémicas.
Cual corporativo empresarial, estos hombres/mujeres del sistema político veracruzano, saqueadores profesionales, se asignan onerosas compensaciones, pagan sus servicios con la “partida secreta” u otro medio que esté a su alcance, utilizan recursos humanos para su atención personal o de su familia, elevan los costos con facturas apócrifas; pero, a diferencia de los hombres de negocios de cepa, estos “nuevos ricos”, se amparan en el fuero constitucional para evadir la justicia.
Así como en el pasado no fueron procesados y encarcelados Miguel Alemán Velasco o Fidel Herrera Beltrán – junto con sus más cercanos colaboradores- con quienes da inicio este debacle financiero, es poco, o nada, probable que los reiteradamente señalados por diversos medios de comunicación e incluso algunos cuentan con proceso en su contra; Gina Domínguez, Vicente Benítez, Gabriel Deantes, regresen parte de la cuantiosa fortuna que han amasado.
El asunto no debe quedar en el llamado “borrón y cuenta nueva”, o lo que es lo mismo, pagar las deudas con el impuesto del 3% a la nómina. Los funcionarios responsables de las dependencias de gobierno que contrajeron las deudas, deben explicarle a la justicia por qué no se pagó en tiempo y forma los servicios y/o los productos contratados; que hicieron con los recursos que el Congreso del Estado les autorizó para la operación de sus dependencias; cómo justificaron ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) su Programa Operativo Anual.
Comentario breve
Con una inversión de 12 millones de pesos, provenientes del ayuntamiento de Xalapa y la iniciativa privada, encabezada por Ernesto Aguilar Baruch, los fines de semana del mes de agosto y el primer fin de semana de septiembre, se realizará en la “Atenas Veracruzana” el Festival de las Flores, Xalapa llena de luz.
Un evento al cual le están apostando los organizadores y del que esperan una derrama económica de aproximadamente 50 millones de pesos, más una generación de 400 empleos indirectos y 150 directos; pero lo que no termina por cuadrar son los 8 mil artistas que se presentaran en los 26 escenarios. ¡Ya se verá!
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