Filiberto Vargas Rodríguez / La noche misma del domingo 03 de julio, el contralor Ricardo García Guzmán me contactó vía telefónica. Dijo haber leído mi columna y aseguró que nunca el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, se refirió a él en esos términos («pillo»).
Aclaró que en la reunión sostenida en Casa Veracruz él no fue el único presente, además del Gobernador y el auditor. También asistieron el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, y el director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, Ruperto Narváez Bellazetín.
Confirmó el funcionario que el motivo de la visita de Portal Martínez fue entregar al mandatario estatal una relación de las observaciones realizadas al manejo de fondos federales en Veracruz.
García Guzmán se dijo dolido por la expresión utilizada en este espacio hacia su persona («pillo») pues advierte que no hay una sola observación que lo señale a él por hacer mal uso de recursos públicos.
Sobre su reciente comparecencia a la PGR, explicó que el excontralor Iván López Fernández -quien está involucrado en una investigación ministerial- lo citó en su declaración como testigo, para que explicara a la autoridad las funciones de la Contraloría, sus alcances y sus limitaciones. Sólo eso.
Lo cierto es que en la administración estatal le dan poco valor a las observaciones y denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Advierten que en la mayoría de los casos esa instancia fiscalizadora recurre a la denuncia penal a pesar de no contar con elementos suficientes para demostrar la comisión de un delito.
Con la sola «presunción» de daño patrimonial recurren a la PGR, lo que resulta insuficiente.
La consecuencia de ello es que de 1998 al 2014, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 700 denuncias, y sólo 25 de ellas han sido consignadas. Incluso hay 12 en las que ya se causó estado, y se resolvió el no ejercicio de la acción penal.
Tan sólo en lo que va del presente año, la ASF ha presentado 24 denuncias penales en contra de funcionarios del Gobierno de Veracruz, como consecuencia de la revisión de las cuentas públicas del 2011, 2012 y 2013. La Universidad Veracruzana también fue denunciada ya por la Auditoría Superior, en octubre del 2015, por inconsistencias detectadas en su cuenta pública del 2013.
Ninguna de estas denuncias ha dado como resultado el ejercicio de la acción penal contra algún servidor público de Veracruz.
Especialistas en el tema de fiscalización advierten que si pretenden meter a la cárcel a funcionarios o exfuncionarios del actual gobierno, la ruta no es la Auditoría Superior. Señalan que hay más posibilidades de que se proceda en contra de ellos si la denuncia es presentada por la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria.
Quienes han seguido de cerca el proceso de fiscalización de los recursos federales asignados a Veracruz, admiten que en gran medida las diferencias entre Javier Duarte y Juan Manuel Portal son ya de carácter personal. Se niegan a opinar sobre los presuntos agravios de los que se queja el auditor, pero asumen que se ha enturbiado la comunicación entre el gobierno estatal y el órgano fiscalizador.
La tarde de este lunes se convocó a reunión de gabinete, en Palacio de Gobierno, justo cuando gran parte de la capital veracruzana se colapsaba por los bloqueos de avenidas de gran flujo, como Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas y Xalapa.
Todas las movilizaciones de protesta tuvieron un motivo en común: La falta de pago. Lo mismo maestros, que pensionados o burócratas, todos padecen la insolvencia de la administración estatal.
Alguien deberá pagar por ello.
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