Filiberto Vargas Rodríguez / Fue en el año 2010, en el Mundial de Futbol de Sudáfrica.
Uruguay y Ghana jugaban por el pase a semifinales. En el minuto 120, a punto de que el árbitro diera por concluidos los tiempos extra, con el encuentro empatado a un gol, todos se aprestaban a presenciar los penales definitorios.
De pronto, una clara jugada de gol de los ghaneses fue salvada en la línea de meta por Luis Suárez. Llegó el contrarremate y el delantero uruguayo, último defensor de la valla decidió “jugársela” y se lanzó para impedir el gol… con la mano.
Conforme al reglamento, el árbitro decretó el penalty a favor de Ghana y expulsó a Luis Suárez… pero el milagro se consumó: Ghana erró el cobro, el duelo concluyó empatado y en la tanda de penales Uruguay salió victorioso.
La resolución de este encuentro generó una fuerte polémica. Lo hecho por Suárez fue legal, pero… ¿fue ético?
Ese es ahora el debate que se libra en Veracruz.
En voz de la actual dirigente nacional del PRI, Carolina Monroy, las medidas que está tomando Javier Duarte para “blindarse” ante las amenazas de Miguel Ángel Yunes de meterlo a la cárcel, son “jurídicamente correctas”, pero habrá que revisarlas desde el punto de vista ético.
La discusión, sin embargo, se complica con actitudes de vandalismo como la ocurrida la tarde del miércoles afuera del Palacio Legislativo, cuando las hordas de los 400 Pueblos agredieron al Gobernador electo y al dirigente nacional del PAN.
El mensaje de la dirigente interina del PRI a nivel nacional (prima, por cierto, del Presidente Enrique Peña Nieto) fue contundente: El PRI sólo estará del lado de la ley, y de ninguna manera habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad. Y si Javier Duarte ya está de salida sería preferible que generara las condiciones “para que la transición sea tersa”.
Eso no está sucediendo y el tema de Veracruz ya dejó de ser de Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte. Hoy se discute el futuro de esta entidad en la Secretaría de Gobernación, entre Miguel Ángel Osorio y Ricardo Anaya.
Javier Duarte no ha sido un interlocutor fiable para los panistas, y tras la agresión del miércoles, está claro que nunca lo será.
Otro factor abona al caos que hoy se vive en el estado.
A partir del 5 de junio, Javier Duarte empezó a dejar de ser Gobernador. Poco a poco los grupos de poder van asumiendo que quien hoy todavía habita la Casa Veracruz ya no tiene nada qué ofrecer, y tampoco le quedan argumentos para presionar. Ya no están, pues, sometidos a sus deseos, a sus órdenes.
Y eso se pudo confirmar este jueves en el Congreso local. La propuesta de la Junta de Coordinación Política para nombrar a Francisco Portilla como el primer Fiscal Anticorrupción tuvo que ser retirada de la orden del día, cuando se percataron que no conseguirían los votos de las dos terceras partes de los legisladores como lo marca la Ley. Diputados duartistas comunicaron minutos antes del inicio de la sesión que votarían en contra.
Ya se atrevieron. Ya pararon una instrucción del Gobernador. Se mantendrán a la expectativa para medir su reacción. Si no sucede nada grave, de aquí hasta el 4 de noviembre se irán “por la libre”.
¿Qué puede hacer? ¿Correr a sus recomendados? Una medida que si no se toma hoy, sucederá en cinco meses. Y para como pintan las cosas, tal vez les estaría haciendo un favor. Nadie se quiere quedar a ver desde adentro el final del actual gobierno.
Hace seis años, allá en Johannesburgo, la decisión de Luis Suárez, calculada en fracciones de segundo, al colocar en la balanza costos y beneficios de su falta (su expulsión contra la clasificación de su selección a la siguiente fase) llevó al periódico The Wall Street Journal a preguntarse: ¿Quién dijo que hacer trampas no es redituable?
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