Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa gastó 300 millones de pesos en publicidad oficial, alimento y viajes, recurso que podría destinarse a la ampliación de la matrícula de la Universidad Veracruzana (UV).
Así lo expresó el dirigente nacional de jóvenes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Leyva Ramírez, al dar una rueda de prensa en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, junto con su homólogo Everardo Padilla Camacho, del Partido Acción Nacional (PAN).
«Descubrimos que con los 300 millones de pesos que gasta anualmente Javier Duarte en publicidad oficial, alimentos y viajes, podemos brindar educación superior a ocho mil jóvenes veracruzanos», expresó.
El líder nacional perredista señaló que 23 mil 300 jóvenes son rechazados de la Universidad Veracruzana.
«Mientras el gobierno de Javier Duarte derrochó recursos en gastos suntuarios y adeuda a la Universidad Veracruzana dos mil 482 millones de pesos, correspondientes a los subsidios ordinarios y extraordinarios federales y estatales desde 2009 a la fecha».
Cada año, más de 32 mil estudiantes son rechazados de las 45 instituciones públicas de educación superior del estado de Veracruz; de ellos, el 72 por ciento corresponde a la máxima casa de estudios del estado.
«Para que el sistema de educación superior estatal tuviera la capacidad para aceptar a todas y todos los aspirantes de nuevo ingreso, sería necesario que el estado aumentara al menos mil 216 millones de pesos el presupuesto asignado a las instituciones universitarias, tecnológicas y escuelas normales».
Por su parte, Padilla Camacho consideró que las iniciativas sometidas a discusión en el Congreso del Estado fueron emitidas a modo por el actual gobernador para garantizar su impunidad al concluir su mandato.
«Estamos en contra de desestabilizar el gobierno de Miguel Ángel Yunes con los nombramientos políticos que está tratando de hacer para garantizar la impunidad durante el gobierno de Yunes», apuntó.
Cabe recordar que algunos priistas buscan quedar al frente de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, como Francisco Portilla Bonilla, exsecretario del Congreso del Estado.
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