Aurelio Contreras Moreno / Junto con la intención vil de los funcionarios duartistas de pretender “escurrir el bulto” para evitar rendir cuentas del atraco cometido contra Veracruz los últimos doce años, es de destacarse la deplorable actitud de los diputados de la LXIII Legislatura del Estado que, con su voto, se han convertido en cómplices del desastre de la entidad.
Como ninguna otra, la mayoría que controla la LXIII Legislatura del Estado ha sido abyecta, servil y mezquina. Sin importarle las consecuencias para varias generaciones de veracruzanos, los diputados adictos al duartismo-fidelismo le aprobaron lo que quiso al grupo gobernante que ahora desesperadamente quiere protegerse de la rendición de cuentas por su pésimo desempeño al frente de la administración estatal.
Fue esta Legislatura la que le autorizó al todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa reformar la Constitución del Estado para que el periodo de la próxima gubernatura sea de apenas dos míseros años, frenando con ello cualquier plan de desarrollo de largo aliento que hubiera podido establecerse. Todo, en aras de un proyecto político que al final de cuentas, fracasó estrepitosamente.
Más que cualquier otra, fue la LXIII Legislatura la que permitió al gobierno de Javier Duarte endeudarse estratosféricamente, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones de veracruzanos, y sin que ello le reportara al estado ni un solo beneficio, ni una sola obra. Absolutamente nada, más que una pesada carga para los próximos 30 años.
Los actuales diputados locales también llevarán sobre las espaldas la responsabilidad de haberse hecho “de la vista gorda” con las brutales irregularidades financieras y administrativas cometidas por el Ejecutivo estatal, al que le aprobaron con los ojos cerrados todas las cuentas públicas que le “revisaron”, y de donde ahora brota suciedad como de una cañería.
Además, y por si no fuera bastante oprobioso, la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz resultó un ente oneroso e improductivo. De acuerdo con el Informe Legislativo 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el trabajo del Congreso de Veracruz fue el tercero más caro del país en 2015, con un costo de 11 millones 407 mil 407 pesos por sesión y de cinco millones 703 mil 703 pesos por iniciativa, en un comparativo de su presupuesto contra el número de veces que se reunieron para hacer la labor para la que fueron elegidos. Amén de que el 57.4 por ciento de ese presupuesto se destinó al pago de gasto corriente.
Ahora, en la víspera de concluir con mucha pena y nada de gloria su periodo, la LXIII Legislatura se apresta para aprobarle a Javier Duarte lo que ya se conoce popularmente como el “kit de impunidad”, a través de reformas legales y nombramientos con los que el régimen intenta boicotear a la administración que le sucederá, así como impedir que la justicia los alcance.
Por supuesto que no son todos los diputados de este Congreso los que han aprobado las subsecuentes y sistemáticas cuchilladas legislativas a Veracruz. Cada quién tendrá que hacer una evaluación de su desempeño. Los hay que han transitado con dignidad y alguno hasta con honorabilidad. Pero son los menos.
El daño que le causaron a Veracruz es inmenso. Y son igual de responsables que los autores materiales, estigma que los perseguirá siempre.
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