Filiberto Vargas Rodríguez / Y ahora viene el cómo.
Faltan aún cinco meses para que asuma el timón del barco, y de pronto Miguel Ángel Yunes Linares se entera que posiciones estratégicas dentro de la tripulación son «inamovibles» y que la gran mayoría de los recursos ya no están disponibles.
A partir del próximo año, por ley, 4% del presupuesto de egresos de Veracruz debe ser destinado a la Universidad Veracruzana. Otro 2% ha sido garantizado para el Poder Judicial, y el 1.5% para la Fiscalía General del Estado.
Tan solo en esos tres rubros, el Jefe del Ejecutivo pierde el control del 7.5% del presupuesto estatal.
En virtud de que aún no se cuenta con la propuesta de presupuesto para el próximo año, con el fin de entender lo que representan en pesos y centavos las partidas etiquetadas podemos hacer un ejercicio a partir del presupuesto 2016. La variación año con año no suele ser muy drástica.
Si este año se hubiera destinado el 4 por ciento del presupuesto para la Universidad Veracruzana, esa institución habría recibido 3 mil 941 millones 388 mil pesos. Al Poder Judicial le habrían correspondido mil 970 millones 694 mil pesos, mientras que a la Fiscalía General del Estado le habrían tocado mil 478 millones 020 mil 500 pesos.
A estos gastos que están garantizados por ley, hay que agregar lo que año con año aporta el Gobierno del Estado para sostener el sistema pensionario estatal.
Y es que la nómina mensual del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) es superior a los 400 millones de pesos, que no se logran cubrir con las cuotas y aportaciones de los trabajadores y patrones, que ascienden a 259 millones mensuales.
El IPE cuenta con 28 mil 516 pensionados, mientras que sólo tiene a 98 mil 618 trabajadores en activo y 165 patrones, por lo que se registra un déficit anual del orden de los dos mil 227 millones de pesos. Esa diferencia, por ley, la cubre el gobierno estatal.
Sumando el subsidio al IPE a los pagos forzosos, resulta que 9 mil 617 millones de pesos habrían estado comprometidos en el presupuesto de este año, que se proyectó en 98 mil 534 millones 700 mil pesos, lo que representa cerca del 10 por ciento.
No sólo eso.
En su comparecencia ante el Congreso local, en noviembre del 2015, el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín dio a conocer que la deuda del Gobierno de Veracruz ascendía a 43 mil 786 millones de pesos, lo que afectaba al 79.49% de las participaciones federales que recibe el Estado.
Resulta que de los 98 mil 618 millones de pesos de presupuesto para el presente año, 89 mil 421 millones provienen de la Federación. Si casi el 80 por ciento de esos recursos ya están comprometidos, lo que queda no alcanza para gran cosa.
La parte que resta tiene que ser utilizada, entre otras cosas, para el pago de Participaciones y Aportaciones para los Municipios que ascienden a 17 mil 537 millones 400 mil pesos.
¿Y las otras dependencias de la administración estatal? ¿Y los recursos para el Poder Legislativo? ¿Y pare el Orfis, el OPLE, la CDHEV y muchos otros órganos autónomos o descentralizados?
¿Cómo? ¿De dónde?
Ese es el estado que va a recibir Miguel Ángel Yunes Linares.
Desde el primero de diciembre se podrán ver las interminables filas de acreedores que se harán presentes para hacer cumplir los compromisos del Estado. A los pocos días tendrá que ver cómo se pagarán las dos quincenas del mes de diciembre y los aguinaldos.
¿Cómo? ¿De dónde?
Esa es la cuestión.
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