Jesús J. Castañeda Nevárez / No hace mucho Xalapa era una ciudad caótica por el exagerado número de vehículos circulando todos los días por las complicadas calles xalapeñas, donde todos los semáforos eran un simple adorno al que nadie respetaba y que decir de los supuestos derechos de los peatones, francamente inexistentes. La ley de la selva era poco, como para describir la vialidad cotidiana de la capital veracruzana.
Y todo empezó cuando se tomó una firme determinación de eliminar a la policía intermunicipal y a tránsito municipal, por estar coludidos con los malos. La intención era poner orden, pero lo primero que ocurrió fue precisamente lo contrario, pues pasaron muchos meses de anarquía total hasta que surgió la iniciativa de reforma y posterior aprobación por el Congreso Local de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el 13 de abril de 2015 en la Gaceta Oficial y el 16 de junio del mismo año su Reglamento.
Todos aplaudimos en un principio porque por fin habría Ley y el respeto de ésta nos haría vivir en mejores condiciones de vialidad; pero cuando aparecieron las exageradas multas por diez mil y un motivos, nos hizo pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor.
Regular el tránsito y dar seguridad vial a los veracruzanos quedó en calidad de letra muerta, pues en los hechos queda más que demostrado que a nadie se le infracciona por pasarse un alto, por hablar por teléfono o textear mientras conduce, dar vuelta en lugar prohibido, etc., etc., lo único que aplica son los operativos de grúas que levantan a cualquier auto que se encuentre “en lugar prohibido” en actos de autoridad indebidamente “concesionados”. Los mega altísimos ingresos para alguien quedaron más que garantizados.
Pero lo que rebasó por mucho la garantía de ingresos lo representan las “fotomultas” que ubican a los conductores de vehículos en un completo estado de indefensión, con un acto de autoridad que no es aplicado por la autoridad sino por una empresa particular, la cual lleva una jugosa comisión por cada fotomulta que ellos mismos determinen; no necesitan demostrar la veracidad de su determinación, su investidura de “juez” lo supone honrado, justo, de sobrado criterio de las múltiples circunstancias en las que pudiera suceder la comisión de un exceso de velocidad.
Pero a quién le importan esas minucias; quién se preocupa por lo que pudiera ser o no ser justo cuando se ubica a un sujeto agazapado tras arbustos cual vil ladrón, en zonas donde sus víctimas son totalmente vulnerables? Sus disparos fotográficos suenan como un misil que apunta al centro de la economía de los conductores y en ello se encuentran terceros perjudicados que quedan sentenciados a una precaria alimentación durante una quincena o un mes, siempre y cuando no vuelva a “exceder el límite de velocidad” o a tener la mala suerte de volver a pasar frente al “disparador” que tiene que cumplir con una “cuota de disparos” y la va a cumplir, claro que si.
Pero la sorpresa de la semana anterior es que le dieron “machetazo al Caballo de Espadas” y la CFE sorprendió infraganti al “honesto infraccionador” de veracruzanos ROBANDOSE LA LUZ, derribando la micro milésima confianza que pudiera haber tenido de los sufridos y aguantadores ciudadanos que fueron sus víctimas durante ya varios meses.
Todos le han refrescado la progenitora, pero han pagado las foto infracciones sin chistar; pocos se han resistido y han procedido a realizar algún reclamo, mismo que rápidamente abortan antes de que se les venza el plazo de la “condonación” y tengan que pagar mucho más. Así o más valientes?
Acaso alguien ha procedido legalmente en reclamo de la inconstitucionalidad del Reglamento que impone multas excesivas?? Cuando ya la SCJN determinó que las mismas hacen suficiente el criterio de inconstitucionalidad al no establecer mínimos y máximos que permitan a la autoridad juzgar los detalles de la infracción y del infractor?, Además de prohibir las sanciones a un jornalero por encima del equivalente a un jornal diario??, adicionando la violación de garantía de audiencia del infractor.
Pero lo que ahora rebasó todo el espíritu de la infracción es que la empresa disfrazada de autoridad resultó un vulgar y vil ladrón y eso no puede ser tolerado por un sistema de impartición de justicia que se respete a si mismo. Permitir la impunidad de ese acto representará quedarnos sin habla y sin derechos, porque estos se irán al excusado. Ese es mi pienso.
Comentarios