Filiberto Vargas Rodríguez / Analistas en temas políticos y sociales advierten que los más sensibles problemas de Veracruz tienen un factor común: El dinero. O, más bien, la falta de este.
¿Los problemas con la UV? Se le debe dinero. ¿Los problemas con los pensionados? Por dinero. ¿Los problemas con los empresarios? Por falta de pago. Y así los problemas con los becarios, con los sindicatos, con los músicos, con los medios de comunicación, con los ayuntamientos y con muchos más.
Dicen que si el gobernador no enfrentara tales estrecheces económicas, no se le hubiera caído la operación que ordenó para reventar la alianza de panistas y perredistas. A la hora de las definiciones, faltó parque para elevar la puja.
Lo cierto es que los problemas financieros son parte de un fenómeno que afecta a todo el país.
A principios de la presente semana el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anticipó que México debe prepararse para efectuar «un ajuste preventivo» del gasto público en el 2017, ante la expectativa de que los precios del petróleo continúen bajos.
De cumplirse las previsiones del funcionario federal, el 2017 sería el tercer año consecutivo en el que México ajusta su gasto debido a los bajos precios del crudo, una importante fuente de financiamiento para el Gobierno.
En 2015, el Gobierno Federal redujo el gasto público en 124 mil 300 millones de pesos, lo que equivale a un 0.7% del Producto Interno Bruto, y aunque no se ha hablado de un recorte al presupuesto ya aprobado para este año, analistas no descartan esa posibilidad.
Veracruz sufre un severo desequilibrio financiero, al que han contribuido diversos factores, entre otros el pesado lastre que heredó la administración de Fidel Herrera tanto en materia de deuda pública como en el de pasivo circulante.
Javier Duarte argumenta que durante su administración no se ha contratado un solo préstamo que no haya sido parte de un mecanismo de reestructuración de los pasivos ya existentes.
Es cierto, pero lo que también es real es que al final de su gestión, el 30 de noviembre del presente año, el Gobierno de Veracruz deberá más, mucho más que lo que debía el primero de diciembre del 2010.
Hay quienes venden como un suceso extraordinario que al final del gobierno de Javier Duarte la deuda pública de Veracruz será la más grande de la historia de esta entidad. Suena impresionante, pero lo mismo sucedió con la deuda que heredó Miguel Alemán, y la que dejó Fidel Herrera. En realidad llevamos ya casi tres décadas sin que nuestros gobernantes puedan abatir los pasivos públicos, sino que, por el contrario, los aumentan a un ritmo escalofriante.
Javier Duarte recibió una entidad endeudada y sus primeras decisiones como Gobernador, en diciembre del 2010, fueron para ganar tiempo frente a la interminable fila de acreedores que le reclamaban cuentas pendientes de su antecesor.
Se inventó un programa de «revisión» de las cuentas por pagar, para verificar que todas ellas estuvieran en orden, que lo contratado se hubiera cumplido y que existieran los convenios correspondientes.
Con ese cuento se llevaron todo el 2011. Al final negociaron con algunos de los acreedores y con los otros lo que hicieron fue lo que en el argot de las finanzas públicas se llama «patear el bote», esto es, que fueron posponiendo su solución hasta que el acreedor claudicara.
Y una vez atendidos los temas de la Fidelidad, se siguieron con los actuales, e hicieron lo mismo. Los responsables de las finanzas se hicieron especialistas en inventar pretextos para retrasar los pagos.
En los primeros años de la actual gestión estatal jineteaban los recursos que enviaba la Federación para programas educativos y del sector salud, pero a final de cuentas ese recurso tenía que retornar a la cuenta de origen y casi siempre llegaba tarde e incompleto.
Estamos, pues, ante una administración desordenada que se ve obligada a conseguir recursos extraordinarios, pero que choca con la crisis por la que pasa su principal proveedor, el Gobierno Federal.
Y la mayoría de los afectados entiende esta situación y lo que piden es un trato humano. Lo que piden es que los servidores públicos responsables de cumplir con esos compromisos den la cara, que levanten el teléfono, que reciban al ciudadano común en sus oficinas. Lo que quieren ver es una verdadera voluntad de cumplimiento, no la sonrisa burlona o el desdén.
Si tuvieron cara para pedir sabiendo que no tendrían para pagar, por lo menos que den la cara ahora y admitan su pecado.
Eso aliviaría en gran medida la tensión que se palpa entre los sectores sociales y económicos de Veracruz.
De no cambiar la actitud, la bola de nieve acabará por aplastarlos. Y no precisamente al Gobernador, sino a sus más cercanos colaboradores, a esos que disponen a su gusto del dinero de los veracruzanos.
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