Brenda Caballero / ¡Es lo peor que te puede pasar! dice uno de mis amigos mientras anota su número de placa y número de serie en la aplicación de la foto-infracción a través de su celular. Respira aliviado: “¡No tengo multa!”
Y es que asegura que cuando venía a nuestra reunión, la cámara de foto-infracción había disparado un flashazo cuando pasó frente a ella. “Posiblemente no era para ti”, contesta otro. “Bueno, si fue apenas, tardará hasta treinta días en verse reflejada en el sistema”, le comento. De los cinco reunidos, la mayoría desaprueba las foto-infracciones, pues afirman que no son transparentes. “¡Mira, mis primos afirman que si un vehículo está parado y pasa otro con exceso de velocidad, la foto se la toman al que está parado! ¿cómo puedes confiar en esas multas?”
Han disminuido accidentes, me consta. “¿Has tenido fotomultas?”, me preguntan. “A la fecha, no”, contesto. “¡Por eso lo dices! Porque no has pagado, ¡pero uno que lleva tres!” “¡Pues bájale a tu velocidad!”, le digo, “si no quieres pagar”.
“¿Me creerás que siempre me marcan el mismo lugar, casi la misma hora y yo estoy trabajando? Además, si compusieran las calles llenas de baches o hicieran obra, estaría de acuerdo en pagar, pero ni eso se ve”.
Dejamos la plática porque la situación iba subiendo de tono y en lugar de celebrar, nos íbamos a enojar, pero en realidad mi amigo tiene razón. No veremos dinero para baches o infraestructura de calles en los municipios donde hay cámaras de foto-multa porque simplemente es UNA CONCESIÓN al igual que la expedición de licencias para conducir. Es decir es la “Acción de otorgar una administración a particulares o empresas el derecho para explotar alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado”.
¿Y los recursos recaudados? ¡ésa es la pregunta del millón! ¿En dónde están? ¿a dónde van a parar?
Hace quince días leía en el periódico Reforma el cuestionamiento que se hacían los diputados panistas sobre las foto-multas implementadas recientemente en el Distrito Federal, al afirmar que no había transparencia en el contrato firmado con la empresa poblana Autotraffic, ya que era un negocio millonario, pues del total de multas pagadas por los contribuyentes, la concesionaria se llevaría el 46 por ciento. Además de que llamarían a comparecer a la Secretaría de Seguridad Pública para que explique el proyecto, su propósito y por qué no transparentó el contrato, ya que el gasto excesivo afecta al ciudadano.
¡Lástima que no tengamos de esos diputados en Veracruz! pues seguramente ya hubieran solicitado el Contrato de la Prestación del Servicio y las condiciones de éste.
Es más, aunque existen rumores de que la concesionaria en el estado es la misma Autotraffic, en la página de internet de ésta se lee: “Hoy AutoTraffic ha instrumentado proyectos de control de velocidad en el Gobierno del Distrito Federal, Municipio de Pachuca de Soto, Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno del Estado de Puebla, Municipio de Aguascalientes y Municipio de Ocotlán”. Jamás menciona a Veracruz.
Incluso, no recuerdo que se hiciera pública la información de la licitación como lo hizo San Luis Potosí al señalar que en el proceso participaron 4 empresas: Nivi Gestiones Mexicanas S de RL de CV, Grupo Bycomex y Autotraffic SA de CV, y la ganadora Inteltráfico, la que daría el 50 por ciento de la recaudación de las multas al municipio; el 25 por ciento, al prestador de servicio; y el 25 restante, al inversionista, así como si se llegase a cancelar el contrato, la multa sería por 20 millones de pesos.
Al buscar información en la página de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Vreracruz sobre las condiciones de la concesionaria, no hay nada al respecto, y como el internet es maravilloso, al investigar en los portales de las otras empresas dedicadas a la misma actividad, incluida Catmex representante en México de Gatsometer BV, ninguna indica ser prestadora de servicios de Veracruz.
Ahora bien, en el DF, otro punto que generó controversia es que el contrato establece una cantidad de foto-multas mínimas mensuales, siendo 150 mil. Vuelvo a preguntarme: ¿En Veracruz se establecería también un mínimo? Y si todos manejamos respetando los límites ¿a quién multarían?
Tema aparte merece la mención de que los aparatos de videocámaras deben de cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) para poder operar ¿están certificados?
Definitivamente es necesario que los diputados se apliquen, principalmente los que integran la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado: los diputados Mariela Tovar Lorenzo, presidenta (PRI); Julen Rementería del Puerto, secretario (PAN) y Adolfo Jesús Ramírez Arana, vocal (PRI), para que mínimo soliciten una copia del convenio firmado y sus condiciones.
Estoy segura que después de conocer cómo se distribuye el dinero pagado por las multas, los veracruzanos no volveremos a exceder los límites de velocidad.
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