Filiberto Vargas Rodríguez / Se le conoce como “intolerancia social” y representa, según especialistas, la raíz de donde brotan actitudes sociales, políticas, económicas o culturales, y conductas que perjudican a grupos o personas, dificultando las relaciones humanas.
De manera automática, como primera opción, ubicamos en nuestra mente este tipo de intolerancia de parte del poder establecido, esto es, de parte del gobierno. No siempre es así. Tan intolerantes son los que gobiernan, como muchos de los gobernados.
Una manifestación frente a Palacio de Gobierno, en Xalapa, que impide la libre circulación vehicular, es un ejemplo claro de intolerancia por parte de un grupo que se asume como víctima de las malas prácticas de gobierno.
Pueden tener razón o no para protestar, pero en esa deteriorada relación entre el gobernante y los manifestantes, nada tienen que ver el resto de los ciudadanos.
Esa misma intolerancia social es la que muestran los maestros integrados en una organización que se autodenomina “Gremio Magisterial Veracruzano Sin Siglas”.
Se trata de educadores que están en contra de la Reforma Educativa que ha impulsado el Presidente Enrique Peña Nieto, y seguramente en muchos de sus reclamos tienen razón.
Sin embargo, las modificaciones a la Constitución y a las leyes en materia educativa fueron avaladas por los órganos legislativos, tanto federales como estatales y forman parte ya de la norme jurídica que todos como sociedad, debemos cumplir.
Impedir que otros maestros que sí creen en estas reformas (o que han decidido acatar las leyes que rigen a nuestra sociedad) acudan a presentar los exámenes de evaluación, porque creen que es una injusticia, se convierte en otro acto de intolerancia.
Si alguien violenta la ley y después denuncia a la autoridad por “excederse en el uso de la fuerza”, eso se llama incongruencia. La solución es sencilla: Si no quieres problemas con la policía, no transgredas la ley.
Hay quienes se dicen ultrajados, por haber sido tratados como delincuentes, cuando en los hechos lo son. No sólo son delincuentes los ladrones, los asesinos, los secuestradores. Delincuente es todo aquel que comete un delito, y el bloqueo de vías de comunicación, la alteración del orden público y la amenaza y agresión contra terceros, se configuran como delitos. Los que los cometan serán tratados como delincuentes.
No se trata, de ningún modo, de justificar las expresiones de intolerancia que también se manifiestan del lado de la autoridad, sino de sugerir la búsqueda de soluciones fuera de la violencia.
Tan maestro es aquel que pretende impedir que se realicen los exámenes de evaluación, como aquel que se ve imposibilitado de cumplir lo que ordena la ley.
Los maestros, todos, saben que la evaluación es una herramienta útil para conocer los avances logrados en cada tema, en cada objetivo, pero hay quienes asumen que someterse a evaluaciones sobre su desempeño como educadores, trastoca sus derechos laborales. Suponen que ese mecanismo servirá para despojarlos de algo que consideran un patrimonio: su plaza laboral.
Habría que revisar, entonces, los mecanismos burocráticos que se activan para realizar dichas evaluaciones, pero por ningún motivo descalificar a la evaluación por sí misma.
Si esos maestros ven a la evaluación como una amenaza laboral, deben entonces recurrir a sus representantes sindicales, para que los protejan. ¿No creen en ellos? Sencillo: Cámbienlos.
Agredir a quienes piensan distinto a nosotros es lo que ha desatado las más graves expresiones de violencia en el mundo.
Eduquemos a las nuevas generaciones con ejemplos de tolerancia y respeto a la legalidad.
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