Nemi en la Nota Roja

- en Opinión

Brenda Caballero / Si hiciera una encuesta, podría afirmar que la mayoría de los ciudadanos que lee un periódico, revisa primero la nota roja. Tal vez sea morbo o simplemente curiosidad lo que nos lleva a esas páginas, pero creo que después de junio del próximo año, esa sección será diferente, debido a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Esa fue mi percepción después de escuchar a Juan Antonio Nemi Dib, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien se reunió con los miembros de la Asociación de Periodistas Veracruzanos Noé Valdés para platicar sobre lo que viene y cómo afectará a los medios de comunicación en todo el país estas nuevas disposiciones, pues sin exagerar, considera el cambio cultural más grande en la historia normativa de este país desde la Constitución de 1917.

Nemi Dib afirmó que en esta ocasión no hablaría de cifras de incidencia delincuencial, sino del nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que se hizo presente con todo y Consejo ­le acompañaron algunos de sus colaboradores­ para explicar con lujo y a todo color esta nueva etapa.

Al hombre con 35 años dentro de la política no le preocupa actualmente si está en la lista de los candidatos a diputados o las acusaciones en su contra, sino la capacitación de los policías y de los reporteros de la nota policiaca. Quiere ahorrar muchos problemas a los medios y a los propios reporteros.

Y es que cuando el reportero de la nota policiaca llega a hacer su trabajo, es común que altere la escena de los hechos por lo que, aun cuando no es su tarea, se ofrece a capacitar a los reporteros de forma y fondo para que durante el proceso de su labor, no lastimen los derechos de las víctimas y los indiciados, y desde luego, no alteren la escena.

Puso de ejemplo el caso de 21 reporteros de Chile, quienes fueron sometidos a procesos penales por alterar la escena del crimen, provocando que los juicios fueran declarados inválidos.

Con respecto a la capacitación de los policías, dijo que actualmente se tiene al 40 por ciento capacitados, pues ahora el primer policía que llegue al lugar de los hechos se convierte en autoridad competente, desapareciendo las clasificaciones de policía ministerial investigador y policía preventivo.

Durante la exposición de los Medios de Comunicación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, se resaltó que los medios de comunicación ahora podrán obtener mayor información de los procedimientos penales ya que habrá mayor transparencia y acceso a la información. Ya no existe la secrecía que caracterizaba al sistema anterior; ya no habrá intermediarios, pues se tendrá la información de primera mano con los protagonistas, accediendo al lugar donde se realiza la audiencia,  pues serán públicas. Sin embargo, no se podrá grabar video o audio, simplemente tomar notas.

Otro cambio es que las personas detenidas ya no serán presentadas ante la comunidad y calificadas de delincuentes, ya que se considera un ataque a sus derechos humanos, incurriendo en una responsabilidad de tipo penal.

En caso de que el periodista llegue primero a la escena del crimen, esperará a la autoridad para que a través de ella obtenga información básica, de lo contrario, la investigación puede ser viciada de origen.

Si se encuentra la víctima, el periodista podrá entrevistarla siempre y cuando esté en las condiciones y quiera hacerlo; el reportero deberá respetar sus derechos y no intimidarla.

Caso contrario, si el imputado aún se encuentra presente, el periodista no podrá entrevistarlo, contrario a lo que se hace actualmente.

Con el nuevo sistema es muy importante la presunción de la inocencia, es decir: se presume inocente hasta que se determine lo contrario o hasta que termine el procedimiento penal.

Hay que considerar que con el nuevo Sistema, cualquier falla procesal será motivo suficiente para nulificar el proceso; incluso se puede dar el caso de que se tengan delincuentes de peso y liberarlos porque la autoridad cometió errores durante el mismo.

Después de la exposición, Nemi Dib explicó algunas críticas al  nuevo sistema con la pregunta “¿No se puso demasiado énfasis en los derechos humanos de los delincuentes en perjuicio de los derechos y beneficios de las víctimas?” Para tratar de compensar esto, el contrapeso es la nueva Ley de Víctimas, cuya ventaja es que si el estado es incapaz de protegerlas o garantizar sus derechos, tendrá que indemnizarlas.

El Secretario asegura que con el nuevo Sistema nos encontraremos en la calle a delincuentes que no se les pudo procesar y en cambio, agentes o autoridades sujetos a procesos administrativos o en procedimientos penales porque no actuaron adecuadamente o por fallas procesales.

Abundando más en el origen de este nuevo Sistema Penal próximo a implementarse, Juan Antonio se remonta a siglos atrás, en Francia, al área de psicología y cita: “La culpa no la tiene el delincuente, la tiene la sociedad que ha sido incapaz de entrenarlo para una correcta conducta cívica, que ha sido incapaz de emitir acciones de prevención del delito para que el delincuente no cause daño, incluso si es psicópata o sociópata, la sociedad debería contar con los recursos para detenerlo, por lo que con este enfoque, se empieza a ver al delincuente como víctima, como un sujeto de un proceso social descompuesto.”

Juan Antonio reitera que posteriormente se tendrá que contar con instituciones que al delincuente lo regeneren y lo incluyan socialmente como una persona productiva.

Definitivamente este sistema a implementarse se asocia a los derechos humanos de la tercera generación y se basa en que el individuo deberá ser socialmente perdonado y socialmente incluido.

A partir del próximo año, la mayor parte de las personas sujetas a proceso purgarán sus juicios en libertad y sólo se limitará a siete el número de delitos por los que una persona estará presa mientras se le juzga, incluso sin tener de por medio el pago de una fianza.

Desde luego que las instituciones deberán garantizar que las personas procesadas no se fuguen.

Los delitos menores y los asociados a la convivencia ya no serán materia judicial, pasarán a los procesos de negociación como los robos menores o las pensiones alimenticias.

Uno de los retos será incrementar los mecanismos de justicia alternativa actuales, que son insuficientes, como los mecanismos de mediación y arbitraje.

La tendencia será reservar el aparato judicial para los casos de verdadera trascendencia.

Esto me crea confusión, aunque realmente viendo el fondo de las cosas, tiene cierta razón, pero ¿estamos preparados socialmente para entender esta forma de aplicar la Ley?

Creo que necesito varios cursos de capacitación.

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