Xalapa, Ver. El día que tomé posesión como Gobernador del Estado me comprometí a hacer justicia en el caso de las personas desaparecidas durante los gobiernos de Javier Duarte y Fidel Herrera.
Durante más de un año, la Fiscalía General del Estado, coordinada con la Procuraduría General de la República y con otras dependencias del Gobierno Federal, así como con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, investigó lo que era un secreto a voces: la participación de policías de alto rango y policías de nivel operativo en la desaparición forzada de personas y violación grave de los derechos humanos, durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa y su antecesor, Fidel Herrera Beltrán.
Quiero, por ello, en primer lugar, reconocer la calidad profesional, personal y humana del Fiscal Jorge Winckler y de su equipo de trabajo. El Fiscal Winckler, durante todos estos meses, recibió las más variadas e injustas críticas por el tema de los desaparecidos, a pesar del enorme esfuerzo que llevaba a cabo para resolver muchos de estos casos.
Mientras lo criticaban, el Fiscal trabajaba en el esclarecimiento de la participación de servidores públicos en la desaparición forzada de personas y en la localización de las mismas. Logró, la Fiscalía General del Estado, llegar a la profundidad de estos terribles hechos.
Pudo acreditar que algunos malos policías y sus mandos violentaron el más valioso derecho de un ser humano: su derecho a vivir.
Esos policías corruptos, como el régimen al que sirvieron, se pusieron también al servicio de los criminales; ahí está el caso brutal de Tierra Blanca, donde desaparecieron a 5 jóvenes, que fueron entregados a la delincuencia organizada para que les privara de la vida y eliminara cualquier indicio que permitiera recuperarlos, lastimando así profundamente a sus familias y a toda la sociedad.
Hoy, tenemos resultados que ponen a la vista de México y del mundo un régimen de gobierno de tal manera podrido, que no sólo saqueó las arcas públicas, sino que también lastimó a las familias y a todos los veracruzanos, cometiendo delitos de lesa humanidad.
Poner al descubierto los hechos a los que hoy nos referiremos es cumplir un compromiso con la sociedad, pero sobre todo con los familiares de desaparecidos y con los propios desaparecidos. Es también un gran paso en el restablecimiento pleno del Estado de Derecho en Veracruz, violentado y ultrajado por la propia autoridad.
En este mismo momento, en los juzgados penales, el Fiscal Winckler y su equipo presentan todos los argumentos para sustentar las acusaciones y lograr que un grupo de delincuentes, que estaban a cargo de la Policía Estatal, sean sometidos a proceso y no salgan nunca de prisión, para hacer justicia y también para mandar un mensaje: la impunidad ya no reina en Veracruz y el Gobierno no está más al servicio de los delincuentes; por el contrario, los combatimos con firmeza.
Hay 19 personas detenidas hasta este momento. Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Arturo Bermúdez Zurita y contra José Óscar Sánchez Tirado, quienes ya se encontraban en prisión por otros delitos. Hoy, lo están también por desaparición forzada de personas, delito considerado de lesa humanidad.
Igualmente, fueron aprehendidos por el mismo delito: Roberto González Meza, quien fuera Director General de la Fuerza Civil. José López Cervantes, alias “Comandante Black”, quien fue Comandante de la denominada Fuerza Especial.
Igualmente fueron detenidas 15 personas más, en su mayoría personal operativo, a quienes se les venía investigando desde el inicio del Gobierno y por esa razón, para evitar que se fugaran, no fueron cesados.
Ellos son: Benigno Neftalí Rivera Acevedo, Carlos Baxin Ortiz, Cirilo Hernández Ceballos, Crescenciano Vega Domingo, Daniel García Gutiérrez, Darío Arroyo Elizondo; Domingo Santiago Santiago, Evaristo Sánchez Alarcón, Francisco Martínez Santiago, José Óscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López, Nicanor Ixmatlahuaca, Óscar Paúl Mendoza Ríos, Silvano Martínez Rivera y Francisco Méndez Flores.
En relación a José Nabor Nava Holguín, quien fuera Subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno anterior, existe también orden de aprehensión por desaparición forzada. El Gobierno del Estado de Veracruz ofrece un millón de pesos de recompensa a quien proporcione datos que nos lleven a su captura.
Existen otras personas vinculadas a estos hechos. Oportunamente, la Fiscalía General del Estado solicitará su aprehensión y procederá a ejecutar las órdenes respectivas.
No cesaremos hasta que el último de los responsables de estos graves crímenes estén en prisión y sean sancionados severamente.
Los casos que llevaron a la conclusión exitosa de esta investigación se refieren a 15 personas desaparecidas, entre ellas, dos mujeres y dos menores de edad; hay otros casos que se investigan y que seguramente, con los nuevos elementos de prueba que se han aportado, podrán ser esclarecidos.
Quiero expresarle a los familiares de las víctimas que mantenemos nuestro compromiso de esclarecer los lamentables casos de personas desaparecidas, y que continuaremos en coordinación con las propias familias y distintos colectivos en la lucha por encontrarlas.
Reitero mi solidaridad profunda y sincera a todos y cada uno de los familiares y les digo que aprecio su confianza y comprensión. Con ello, seguiremos trabajando hasta llegar a la verdad y sancionar a todos los responsables.
Veracruz vivió durante 12 años la más brutal corrupción y desapego a la Ley; gobiernos aliados con la delincuencia que nos trajeron la inseguridad, llegando al extremo de usar la Fuerza Pública para privar de la libertad y de la vida a seres humanos, entre ellos, incluso, mujeres y niños. Eso no sucederá más.
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