Emilio Cárdenas Escobosa / Ya está detenido Javier Duarte e inició el juicio en Guatemala para su extradición a México, pero las contradicciones del caso y la sospecha de arreglos entre éste y la administración de Enrique Peña Nieto se acrecienta.
Baste saber que para la Procuraduría General de la República no existen delitos que perseguir en contra de la señora Karime Macías Tubilla, esposa y cómplice del ex gobernador veracruzano.
Sin contar desde luego que es la fecha que siguen tan campantes en sus curules los diputados locales Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez, y en la Cámara de Diputados federal los legisladores Tarek Abdala, Adolfo Mota, Edgar Espinoso, Alberto Silva y Eric Lagos ni sudan ni se acongojan. Todos copartícipes, entre otros, en el descomunal saqueo.
El arreglo extrajudicial parece evidente: sobre Duarte recaerán todas las culpas, y acaso en algunos de sus prestanombres y socios, pero los personajes del mundo político priista y su esposa y parentela serán protegidos
Para Peña Nieto ya con la aprehensión de Duarte termina todo. Por eso su desafortunada y ordinaria expresión de que “ningún chile les embona” ante las suspicacias y dudas sobre el caso.
Chula vida de estos personajes del mundo político tricolor y de la parentela del ex gobernador detenido que se enriquecieron obscenamente a costa del pueblo veracruzano, pues, de no variar las cosas, disfrutaran de los recursos mal habidos.
Se confirmará así, una vez más, que en este país la aplicación de la justicia se imparte a medias, de manera facciosa, tramposa, y cuando conviene es usada con fines políticos.
¿Y el gobierno de Veracruz que hace? ¿Solo buscar colgarse de la detención y adherirse a la solicitud de extradición?
Más allá de acumularle denuncias a Javier Duarte ¿No piensa solicitar el desafuero de los diputados federales y locales implicados?, porque salvo en el caso de Tarek Abdala, la Fiscalía General del Estado no ha dicho esta boca es mía. Y que no nos digan que no se terminan de armar los expedientes, porque han transcurrido casi cinco meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y se supone que el caso Duarte ha sido su prioridad; y más cuando sabemos que documentaron los desvíos desde hace mucho tiempo, pues hay que recordar que el primer acto de campaña del hoy gobernador, el 3 de abril del 2016, fue justamente presentar ante la Fiscalía General una denuncia penal, la número 1135/2016, por enriquecimiento ilícito y otros delitos en contra del gobernador Javier Duarte y su red de cómplices.
Ante la inacción de la Fiscalía veracruzana la versión de que esos personajes pactaron con Yunes su inmunidad a cambio de devolver dinero y proporcionarle información se hace más sólida. Así como la impresión de que la persecución a los saqueadores de Veracruz es selectiva.
Llama por ello la atención en ese tenor que mientras a los ojos de todo el mundo es evidente el disfrute de la ex primera dama y su familia de los recursos saqueados del erario estatal, ahora nos enteramos por boca del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Edel Álvarez Peña, que en ningún juzgado de la entidad existe solicitud de alguna orden de aprehensión en contra de la expresidenta del Sistema DIF estatal, Karime Macías de Duarte, a consecuencia de alguna investigación que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado.
Y no escuchamos acaso a Yunes Linares en el mes de febrero pasado, cuando se hizo público el hallazgo de una bodega en la ciudad de Córdoba repleta de bienes propiedad del matrimonio Duarte-Macías, donde se encontraron libretas escritas de puño y letra de la esposa del ex gobernador, decir que estos documentos “presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos otros”. ¿Entonces?
¿O no se abrió una carpeta de investigación o en los 2 meses transcurridos desde esa fechas no se ha podido acreditar lo dicho por Yunes? Porque en la presentación de la bodega con bienes del exgobernador y su esposa estuvo presente, además del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, el delegado de la Procuraduría General de la República, Daniel Agustín García Leal, que dio fe del hallazgo. ¿Fue sólo un espectáculo mediático más?
La magnitud del caso Duarte, el gobernador más corrupto de la historia de México, el tamaño del hurto a las finanzas de Veracruz, el gravísimo daño causado a la sociedad, los arreglos con el crimen organizado, la inseguridad y violencia que se adueñó del estado, los miles de desaparecidos, la etapa negra que significó su gobierno, obliga a que se profundice la cacería de sus cómplices y que se llegue al origen del mal: el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Porque de no hacerlo así, la pretendida ganancia político-electoral que cree Peña Nieto y asociados le significará la detención de Duarte de Ochoa, se irá del gozo al pozo.
Ya lo veremos.
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