Sabino Cruz V. / Varios medios de comunicación le dieron “juego” el proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), enviado por la LVXIV Legislatura de Veracruz al Congreso de la Unión el 15 de febrero del año que corre. Propuesta de ley que pide no correr a los maestros incapaces de mostrar/demostrar conocimiento de la asignatura que impartan, así como el uso de estrategias didácticas apropiadas frente al grupo, en las tres oportunidades que se les presenta.
La iniciativa de los diputados veracruzanos la fundamentan en que la evaluación a la que deben someterse los docentes en servicio de nivel básico y media superior, y ante la probabilidad de reprobar, crea en ellos “un estado indiscutible de zozobra, incertidumbre y violencia laboral”, lo que les limita/impide a que se concentren en su trabajo y, por consecuencia, a desempeñar cabalmente la misión de formar a los niños y jóvenes en edad de estudio. Además que violenta sus derechos humanos y garantías constitucionales.
Los docto diputados encontraron que el artículo 53 con Octavo y Noveno Transitorio de la citada Ley hay una incongruencia legal o “antinomia jurídica”, en tanto que el numeral 53 señala que al identificarse la insuficiencia en el nivel de desempeño, el docente se incorporará a los programas de regularización, acompañado de un docente [tutor que haya obtenido el nivel de excelente para enseñanza media o destacado para educación básica]. En caso que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior no alcancen un resultado suficiente en la tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.
Mandato que se contrapone, de acuerdo al análisis profundo que hacen de la LGSPD los promoventes, con el Octavo Transitorio que señala que quien no alcance resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio; y con el Noveno que establece a la entrada en vigor la Ley, quien tenga Nombramiento Provisional, continuará con la función que desempeña y si en la evaluación obtiene nivel suficiente, es decir pasa de “panzazo” se le otorgará Nombramiento Definitivo.
Estas “serias contradicciones de fondo” son los argumentos que anteponen para solicitar a los diputados federales reformen el párrafo cuarto del articulo 53 y el segundo párrafo del Noveno Transitorio, y se derogue el Octavo Transitorio de la LGSPD, por provocar que los profesores no tengan certeza legal si no obtiene resultado suficiente, además de preocupación e incertidumbre por no saber con qué normatividad serán juzgados, y la sospecha de que sea un “acto de discreción que permitirá de alguna manera generar preferencias o favoritismos a ciertos sectores del gremio.”
Sin embargo, el Noveno Transitorio reitera que será separado del servicio público, quien se niegue a participar en los procesos de evaluación; que no se incorpore al programa de regularización; o que obtenga resultados insuficientes en el proceso de evaluación. La remoción, y no cese del cargo de docente, directivo o supervisor, en caso de no aprobar las tres etapas, fue un agregado que se le hace al proyecto original, para darle certeza jurídica al Personal de que no perdería su trabajo.
En el supuesto que el evaluado fuera cesado de la función por su incapacidad de probar conocimiento y habilidad en las tres etapas; y aceptando que con ello esté en flagrante violación de sus Derechos Humanos, concretamente el Derecho al Trabajo, es pertinente preguntar dónde quedan los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a recibir educación de calidad, equitativa, que le permita desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social.
Pero específicamente, por qué el educando debe recibir enseñanzas y aprendizajes de un profesor/profesora incapaz de responder un examen, hacer una planeación didáctica argumentada y organizar un expediente de evidencias educativas; por qué tiene que soportar/aguantar a un hombre/mujer que obtuvo plaza de docente por medios no académicos; por qué tendría que hipotecar su futuro por una mala formación.
Más que gestionar la conservación de plazas, los líderes sindicales y/o congresistas, deberían exigir a las autoridades una depuración profunda del Sistema Educativo; la restructuración de más de 46 horas en posesión de unos cuantos profesores; la formalización de los centros de profesionalización y educación continua; la exigencia que se cumpla con los beneficios obtenidos por promoción de la función o incentivo por alcanzar el más alto nivel en la evaluación. Por un mal maestro “corrido” hay miles de estudiantes con posibilidad de recibir una educación de calidad, que fortalezca sus habilidades para aprender a aprender y aprender haciendo.
Sin remitente
Pobreza de gestión o desconocimiento de las otras expresiones artísticas, pero que la Filarmónica de Boca del Río ande dando conciertos gratuitos en algunas ciudades del Estado, en plena época de austeridad no alcanza la inteligencia para entenderlo. Empezando porque, por lo menos en Xalapa hay cuatro o cinco agrupaciones profesionales/semi profesionales que tocan las obras del repertorio sinfónica que la novel orquesta interpretará.
El muchacho del IVEC, con sus actos sigue mostrando que los grados académicos no son suficientes para promover, difundir, investigar, formar, capacitar y comercializar la basta creación artística y cultural que hay por todo lo ancho y largo de Veracruz. Programar desde las oficinas del Instituto audiciones de la Filarmónica de Boca del Río, es la más burda expresión del nepotismo. ¿Sabrá el señor Miguel Ángel Yunes Linares que su empleado, el joven Enrique Márquez, es también manager de la Orquesta de su Hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez?
Comentarios