La presidenta Claudia Sheinbaum extralimitó sus funciones cuando determinó que los partidos políticos no tenían legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial. Se extralimitó porque ella es parte del Poder Ejecutivo. Quién determina si algún ente o entidad tienen legitimidad jurídica es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es precisamente lo que determinó la Corte. Tano el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano tienen legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial, a través de la acción de inconstitucionalidad. Esta determinación fue tomada mientras se discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar parcialmente la legislación.
Por supuesto, la ministras que están a la orden de López Obrador votaron en contra. La ministra Loretta Ortiz, contenta de las cadenas que le impone el Poder Legislativo declaró: «Por otra parte, con relación al tema del Decreto constitucional publicado el 31 de octubre, para mí la acción de inconstitucionalidad que se presenta el día de hoy es improcedente, incluso, sin la reforma que se ha denominado supremacía constitucional, más allá del expediente, si se encuentra en los casos que establece la propia reforma del 31 de octubre, lo cierto es que la acción de inconstitucionalidad es improcedente bajo el diseño de nuestra Constitución, incluso antes de la reforma».
Da pena darse cuenta como una ministra aplaude que le pongan una correa en el cuello.