*La presidenta del OPLE Veracruz Marisol Alicia Delgadillo Morales deberá atender este escándalo y ordenar indagar el caso
Claudia Guerrero Martínez / Compartimos esta información que llegó a nuestra redacción en la que se denuncia con pruebas un grave delito perpetrado en el OPLE Veracruz y exponemos este delicado caso:
Una más del OPLE VERACRUZ en pleno inicio de año y en pleno Proceso Electoral Local nos venimos enterando de la novedad que tenían muy bien resguardada y oculta de la opinión pública, que al interior de este organismo encargado de la organización de las elecciones locales sirve de guarida de delincuentes que por actividades fraudulentas han sido boletinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pues resulta que con el contubernio o complicidad del Secretario Ejecutivo, el Director Ejecutivo de Administración y una que otra Consejera y Consejeros, así lo presume el que a continuación vamos a descubrir, fue contratado Diego Alberto Jiménez Flores, en el puesto de jefe de oficina del Departamento de Presupuesto, a sabiendas de que no podía ser contratado por estar boletinado por el SAT, así o mintió o sus jefes y aliados, sobre todo a su jefa directa de la que presume una profunda amistad, le dieron entrada de manera irregular sin importarles el impedimento y peor aún, en un área donde se manejan recursos económicos–financieros. Pero aboquémonos a lo del SAT.
En concreto, este individuo fue ingresado y registrado en la lista negra del SAT, por la ejecución de actos inexistentes (facturero) y en el año 2019 se le requirió que comprobara distintos actos de esta naturaleza y se pusiera al corriente con sus cuestiones fiscales, lo cual no contestó y para julio del año 2020 lo notificaron como evasor fiscal.
Como consecuencia, le fue inhabilitada la posibilidad de contar con firma electrónica (FIEL) así como sellos para operar, por estas razones este individuo no puede tributar ni realizar ninguna actividad a su nombre.
Como prueba de esto, aquí se adjunta el certificado correspondiente emitido por el propio SAT donde podrá observarse que su FIEL y sellos fueron revocados y en otros casos caducados sin la posibilidad de renovarlos o actualizarlos por esas cuentas pendientes con el SAT:
Es por esto, que todas las facturas emitidas en su momento no tienen validez, defraudando al propio SAT y afectando a las personas que le pagaron por los supuestos servicios facturados.
En consecuencia, en el Diario Oficial de la Federación del 06 de agosto de 2020, se cita el 06 de agosto del 2020, Oficio 500-05-2020-23754 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, el SAT detectó que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Por lo que publicó la lista de sujetos notificados conforme al apartado A, del “Oficio de Presunción conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento, en donde se observa en el renglón 34 al susodicho defraudador y se comparten los datos personales para exponer un delito: “34. JIFD861206RS4, Nombre del Contribuyente: Jiménez Flores Diego Alberto, 500-64-00-05-02-2019-002044 de fecha de 23 de enero de 2019, siendo la Autoridad Emisora del oficio individual de presunción: Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “1”, siendo notificado por Buzón Tributario 30 de enero de 2019 y surtió efectos al día siguiente 31 de enero del mismo año.
Conforme al apartado B, notificación en la página de Internet del SAT en donde se observa en el renglón 34 al susodicho defraudador: con el mismo RFC y nombre o razón social teniendo el número 500-05-2020-7605 de fecha del 04 de febrero del 2020, siendo la autoridad emisora la Administración Central de Fiscalización Estratégica, notificando el 04 de febrero del 2020.
Conforme al apartado C, notificación en el Diario Oficial de la Federación, en donde igualmente se observa en el renglón 34 al susodicho defraudador con el mismo nombre y RFC, con el número 500-05-2020-7605 y la misma autoridad emisora la Administración Central de Fiscalización Estratégica, notificando en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero del 2020 y surtió efecto el 24 de febrero del mismo año 2020.
Finalmente, conforme al apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, donde del mismo modo se observa en el renglón 34 al susodicho defraudador con el RFC JIFD861206RS4, Nombre del Contribuyente: Jiménez Flores Diego Alberto, con el número de oficio 500-64-00-06-02-2020-006956 de fecha del 11 de mayo del 2020, siendo nuevamente la autoridad emisora la Administración Central de Fiscalización Estratégica notificó en el Buzón Tributario el 15 de mayo del 2020 y surtió efectos el 18 de mayo del mismo año 2020.
Así que aquí vienen las preguntas que los servidores públicos responsables deberán contestar:
¿Qué Consejera o Consejero, acaso el Secretario Ejecutivo o el Director de la Administración Ejecutiva, quién será el que protege a este delincuente fiscal?
¿Cómo es que se le permitió ingresar al OPLE Veracruz, acaso no revisan los antecedentes y la ética profesional de los trabajadores?
¿O acaso a sabiendas de ello, de manera irresponsable e ilícita se le ingresó sin mayor empacho?
Peor aún, ¿Cómo cobra esta persona que se supone está impedida para tributar al SAT? ¿Qué triquiñuelas hizo o hicieron para contratarlo y pagarle con dinero de nuestros impuestos?
Que su jefe explique cómo es que lo contrató y si revisó su trayectoria antes de contratarlo en un área tan sensible como la Dirección de Administración donde se manejan recursos económicos y financieros.
Veamos si la Presidenta del OPLE Veracruz Marisol Alicia Delgadillo Morales toma cartas en el asunto y ordene indagar el caso y con los elementos documentales que se adjuntan, mismos, no son simples dichos sino pruebas oficiales del SAT y se abra una investigación en este proceso electoral y de una vez se sacuda de este tipo de personas que en nada ayudan a la institución y la transparencia con la que se debe conducir.
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