Juan David Castilla / Xalapa, Ver. El estado de Veracruz nuevamente destacó a nivel internacional por un caso de desaparición forzada registrado en el sexenio duartista, el cual continúa en la impunidad.
Los integrantes de colectivos de búsqueda han manifestado que durante dicho gobierno fue alarmante la cifra de víctimas de ese delito.
Recién el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) emitió una “Acción Urgente” para que el Estado Mexicano tome todas las medidas necesarias y así garantizar la búsqueda y localización de Jacob Vicente Jiménez González.
Él fue víctima de desaparición forzada en Veracruz el 25 de septiembre de 2015, en el contexto de la implementación del denominado “Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, instaurado el 26 de mayo de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El operativo tuvo como principal objetivo la prevención y sanción de diversos delitos en los municipios de Coatzacoalcos y alrededores. Su implementación era a cargo de la coordinación de los tres niveles de gobierno con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal y la Policía Estatal en Veracruz.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas requirió a México revisar de forma urgente las estrategias de búsqueda e investigación que han sido adoptadas por las autoridades, con el fin de asegurar y garantizar una coordinación interinstitucional de sus acciones en los procesos de búsqueda e investigación.
También pidió ejecutar de manera inmediata y efectiva todas las órdenes de captura emitidas en el caso; asegurar la identificación de todas las personas involucradas en los hechos, incluyendo por medio de la investigación las respectivas cadenas de mando.
Además de investigar y sancionar cualquier intervención de las autoridades o instituciones nacionales que tendrían por objeto entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y de la investigación.
Se solicitó implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares y representantes sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación llevados a cabo con relación a la desaparición forzada de Jacob Vicente, y sus resultados.
El Comité recordó a las autoridades que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, según lo establecido en su Informe sobre su visita en virtud del artículo 33 de la Convención, y que, además, la impunidad opera como factor de revictimización y vulnera el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas.
Se demandó al Estado mexicano enviar información a más tardar el 24 de febrero de 2024 sobre las medidas adoptadas.
«El mecanismo de Acción Urgente, previsto en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un mecanismo humanitario que contribuye a que los Estados emprendan acciones inmediatas para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas», se lee en el informe.
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