Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Esta semana salió el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, a respaldar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar la reforma en Veracruz que reduce las prerrogativas para los partidos políticos, en años en los que no hay procesos electorales. *** “El partido Morena en Veracruz avala y respalda la reducción del 50 por ciento de las prerrogativas de los partidos políticos en el estado de Veracruz, pues fue una propuesta nuestra que aprobó primero la mayoría legislativa de Morena y que después respaldó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló. *** “Que quede muy claro, respaldamos y acatamos la reducción a los dineros que se entregan a los partidos políticos en Veracruz, porque fue nuestra propuesta y es nuestra convicción de que ese dinero en lugar de irse al bolsillo de los políticos, mejor se ocupe en acciones y programas en favor de los ciudadanos”. *** Este debate no es nuevo. De hecho, siempre han sido los partidos de oposición los que reclaman mayores asignaciones, arguyendo que el partido en el poder tiene acceso a recursos extraoficiales por parte de las arcas públicas. *** En los tiempos de predominio priista, fue la presión de las minorías opositoras que se asignaron más recursos a los partidos, con una fórmula que considera los votos conseguidos en su más reciente proceso electoral. *** Que hoy sea Morena el partido en el poder, y que sea ese mismo organismo político el que pugne por la reducción de las prerrogativas, sugiere que se podría reproducir aquella añeja práctica, de que los gobiernos emanados de ese partido los financien de manera ilegal y marquen una mayor diferencia ante los opositores. *** Otro riesgo evidente con esta restricción financiera, es que se generen grietas en el financiamiento electoral, por donde pueda colarse el dinero sucio, el del crimen organizado. Ya se da, pero frente a la escasa disponibilidad de efectivo, cada vez será más evidente.
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A partir de la burda artimaña de adjudicarle a Tito Delfín Cano un nuevo delito, con el afán de mantenerlo en prisión (a pesar del amparo que le concedió la justicia federal) el senador panista Julen Rementería del Puerto se lanzó contra el gobernador Cuitláhuac García.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta describió al gobernador de Veracruz como un “aspirante a dictador” y calificó la jugada en contra de Delfín Cano como “una bajeza”.
Cuitláhuac García ya le perdió el miedo al micrófono y, contrario a lo que sucedía al principio de su gestión, ahora responde a cada ataque mediático. Ésta no fue la excepción. El problema es que no mide sus palabras y en la mayoría de los casos termina cometiendo errores garrafales.
“Que le pregunten a la gente de Tierra Blanca. No he visto a ninguno de estos que declaran a favor ir allá; que hagan una consulta y le pregunten (a la gente) si se está haciendo una injusticia contra Tito Delfín”, expresó el mandatario estatal.
No entiende que la justicia no obedece a criterios de popularidad. No es “la voz del pueblo” la que define si una persona es culpable o inocente del delito que le imputan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un posicionamiento específico contra el linchamiento (a final de cuentas eso es un juicio en el que “el pueblo” decide si alguien es culpable) y advirtió sobre los orígenes de estos fenómenos:
“Las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad”, apuntó la CNDH.
Y agregó:
“Los linchamientos, en su gran mayoría, buscan como fin último expresado por sus protagonistas directos, la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, aunque en realidad constituyan actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y la vigencia del Estado de Derecho”.
Pretender que sean los habitantes de Tierra Blanca los que le digan al senador Julen Rementería o a la prensa (un día antes había hecho el mismo exhorto para los comunicadores) si Tito Delfín es culpable o inocente, es llevar la impartición de justicia a escenarios ajenos a las instituciones.
Es, sin duda, una copia fiel del desdén que su guía político, el presidente López Obrador ha manifestado contra las instituciones y contra la Carta Magna. (“Y no me vengan con que la ley es la ley”).
El “pueblo sabio” recarga el combate a la impunidad en los organismos responsables de la procuración y de la impartición de justicia. Si estas instituciones fallan, es menester cambiar a los responsables, para evitar que la corrupción y la ineficacia gangrenen los pilares de nuestro sistema de gobierno.
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Epílogo.
La voz del diputado José Yunes Zorrilla se volvió a escucha en la Cámara Baja. Frente a la obligación de sustentar con argumentos sólidos, la pretensión de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), la bancada de Morena se enredó en sus argumentos. *** “Defendemos la verdadera libertad de los organismos autónomos como el #INE, por eso votamos en contra de la reducción de esos presupuestos. Sin las herramientas adecuadas se complica el trabajo de los organismos autónomos y debemos vigilar que cumplan bien sus funciones, sobre todo si son las encargadas de garantizar nuestra #democracia”, escribió Pepe Yunes en sus redes sociales. *** La sociedad en Coatzacoalcos está realmente enojada. Frente al discurso del gobierno sobre una supuesta mejora en las condiciones de seguridad, se dio el homicidio de un personaje muy conocido y querido en aquel municipio, el sastre Francisco Javier Paredes Zárate. *** “Se debe mandar un mensaje claro de cero impunidad; que la autoridad haga lo que está comprometida hacer: encontrar a los culpables, castigarlos en la misma medida en la que ellos han lesionado a esta familia. No se puede abandonar el diálogo con la autoridad, ese es un mal principio, sin embargo, si se les debe de exigir a los servidores públicos que hagan lo que tienen que hacer y es notoria la descoordinación que existe en este momento dentro de las entidades que forman parte de la mesa de seguridad”, expresó el empresario Emmanuel Peña Sánchez, presidente de la Canacintra.
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