Filiberto Vargas Rodríguez / Nada nuevo descubrió el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cuando admitió que conseguir pruebas contra altos mandos, con la actual legislación, resultaba complicado.
Fue por allá del año 2000, cuando el entonces secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terraza, prometió que metería a la cárcel a los “peces gordos” de la corrupción.
Un año después, el propio Barrio Terraza tuvo que morderse la lengua. Argumentó que la ley no le daba los recursos suficientes para capturar a los altos funcionarios involucrados en ilícitos.
Admitió que le resultaba complicado detectar si esos servidores del más alto nivel habían estado involucrados en actos ilícitos, “pues regularmente los contratos los firman funcionarios de menor rango“.
El entonces secretario de la Contraloría, el que prometió “peces gordos”, se quejó también de que los procedimientos jurídicos eran lentos y de que carecía de las herramientas legales suficientes.
Hace apenas un año, o sea 14 años después de lo declarado por Pancho Barrio, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, mantuvo las mismas premisas:
“Los peces gordos no son los que firman, no son los que llevan a cabo la operación directamente, no aparecen y como siempre se ha dicho, se les puede acusar de deshonestos, pero no de tontos“.
Reconoció el auditor superior el pesado lastre de la impunidad. Dijo que ésta tiene que ver no sólo con la fiscalización, sino con quienes sancionan, con quienes finalmente acaban de ver los casos: Los jueces.
El actual secretario de la Función Pública (institución que sustituyó a la Contraloría de la Federación) Virgilio Andrade, concedió una entrevista al periódico El Universal y habló sobre los “peces gordos” y sobre las razones de que no estén en la cárcel:
“Una primera razón es que efectivamente el sistema administrativo delega funciones, entonces no necesariamente una decisión tomada irregularmente fue hecha por un funcionario de nivel superior. Una segunda, efectivamente, el sistema de probar la relación directa del funcionario superior con alguna toma de decisión irregular también requiere de fortalecimiento a nivel, particularmente de carácter penal, y por eso se discute dentro de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción esta temática“.
En la última década, la Auditoría Superior de la Federación le ha hecho observaciones al Gobierno de Veracruz porque éste, de forma sistemática, desvía los recursos que envía “etiquetados” para fines muy específicos, la Federación.
El órgano auditor ha llegado incluso a presentar denuncias formales contra servidores públicos del Estado debido a tales irregularidades, y hasta ahora ninguna ha procedido.
¿La razón?
Lo que los auditores no han podido demostrar es que esos recursos hayan ido a parar a las cuentas personales de los funcionarios públicos. En realidad lo que han descubierto es que los fondos son retirados de sus cuentas originales para ser depositados en otras cuentas del mismo gobierno estatal, desde donde se sustraen para aplicarlos en temas de mayor urgencia para la administración estatal.
El propio Gobernador Javier Duarte, cuando ha sido cuestionado sobre ese tema, ha respondido que cada peso que envía la Federación ha sido aplicado “para funciones propias del Estado”.
Si las autoridades no logran detectar el momento en el que un servidor público se apropió de fondos públicos, lo que sí pueden buscar es si dicho personaje está en condiciones de “acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”, lo que se conoce como “enriquecimiento ilícito”.
Bien dicen que “el dinero y el amor no se pueden ocultar”.
En Veracruz tenemos un caso emblemático: Miguel Ángel Yunes Linares, quien ha ocupado cargos de muy alto nivel en la administración pública, pero que se niega a explicar el origen de su inmensa fortuna.
Otro pez gordo que seguramente nunca firmó un documento que lo comprometa.
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