Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Un grupo de cafeticultores protestó frente a Palacio de Gobierno para denunciar que continúan los abusos de las empresas transnacionales contra los pequeños productores.
De acuerdo con Fernando Celis Callejas, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), los precios continúan siendo castigados por parte de las grandes empresas.
En las grandes regiones cafetaleras se paga un precio promedio de 12.70 pesos el kilogramo de cereza cuando la Comisión de Seguimiento a los Precios indicó que se podrían pagar 17.30 pesos.
«Es claro que se dio un acuerdo de las compañías transnacionales como AMSA, California y compradores de la Nestlé para bajar los precios afectando a los productores. Esta baja se generalizo en Huatusco, Córdoba, Coatepec y las demás regiones cafetaleras de Veracruz», enfatizó.
El líder cafetalero recordó que la comisión de seguimiento de precios del café solicitó reiteradamente la intervención del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para frenar el abuso de las compañías señaladas; sin embargo, no ha habido una respuesta positiva.
En ese sentido, consideró necesario que se establezca lo más pronto posible una nueva Ley del Café y un organismo público para que se tenga un marco jurídico-institucional para que no se manejen de manera arbitraria los precios del café.
«Es necesario contar con un programa de apoyos fiscales a productores y asociaciones que les permita acceder o participar con mayor volumen de café en los mercados de mayores precios como los de alta calidad, de comercio justo, orgánicos, de origen y otros», enfatizó.
Añadió que en el caso de Ixhuatlán del Café, un grupo amplio de productores molestos por la baja arbitraria de precios bloquearon el acceso a un beneficio de café de la empresa AMSA.
La compañía presentó una demanda debido a que se presentó un “extraño” incendio en una oficina del beneficio.
«Han manejado que este hecho fue promovido por coyotes y otras personas infiltradas. Es evidente que si se dio un abuso por parte de los compradores y esto debe ser reconocido con claridad por parte del gobierno del estado y el gobierno federal. Además, deben establecerse medidas para que no se repita. La comisión considera que amerita el que la Comisión Federal de Competencia Económica intervenga e investigue esta situación de abuso comercial», remató Celis Callejas.
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