Xalapa, Ver. Desde la semana pasada, auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encuentran en Xalapa auditando el Congreso del Estado (auditoría 1447-GB-GF), lo que de alguna forma ha semiparalizado las actividades administrativas, pues el personal está atento a la entrega de documentos que les están siendo requeridos.
Si bien fueron calendarizados aunque sin fecha precisa, las auditorías pueden ser de rutina, para fiscalizar que se haya hecho en forma correcta el manejo de los recursos federales, aunque también se puede tratar de tiros de precisión, esto es, que en el cruce de información de la ASF con la Secretaría de Economía y del Sistema de Administración Tributaria (SAT) hayan detectado cosas que no cuadran (como empresas fantasma, que no existen pero que les facturan) y entonces se hayan encendido focos rojos de alerta, por lo que deliberadamente vienen a auditarlos.
Los muchachos del Auditor Superior, David Colmenares Páramo, le están metiendo el diente a la Cuenta Pública 2020 del Congreso, verificando que se haya dado cumplimiento en forma correcta a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Lo que ha llamado la atención entre quienes están enterados de esa auditoría es que con ese pretexto han dejado de entregar a los grupos legislativos desde enero los recursos que tienen asignados en el presupuesto 2021, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, según dijeron auditores locales a los que el columnista consultó.
Fuentes bien informadas confirmaron que lo que pasa en realidad es que hay un faltante de $300 millones de pesos de la partida número 4000, rubro de Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo, que corresponde a los recursos federales que el Gobierno del Estado entrega al Congreso para sus requerimientos y necesidades. Esa millonaria cantidad que no aparece corresponde al 40% por ciento del presupuesto anual del Congreso.
La pregunta obligada es por qué no detectó nada el contralor interno, René Buenrostro Hernández (tuvo que haber dado vista a la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez), y no dijeron nada los integrantes de la Comisión de Administración y Presupuesto, diputados Jessica Ramírez Cisneros, presidenta, María Esther López Callejas, secretaria, y Wenceslao González Martínez, vocal, todos de Morena.
Pero también debieron haber detectado que las cosas no estaban bien los encargados de la operatividad de los recursos, el Secretario General, Domingo Bahena Corbalá; la Tesorera, Diana Leydi Zacarías Carrasco; la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; el Secretario de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa; y el Director de Auditoría y Revisión Financiera, Carlos de Jesús Mendoza Chesty, a menos que sí hayan sabido y se hayan quedado callados.
El manejo del presupuesto del Congreso está bajo la responsabilidad de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.
Hay quienes a esta hora esperan que el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, interviniera para tratar de encontrarle una salida a la crítica situación y al tremendo faltante registrado por la ASF en el Congreso Local.
Se sabe que desde la Ciudad de México hay la intención por parte de los auditores federales de ir a fondo en los entes programados para fiscalizar este año, que fueron deliberadamente programados por indicios de alguna posible irregularidad.
Al Gobierno del Estado le van a auditar el manejo de sus recursos entregados por la Federación, el de las participaciones federales, así como el de programas federales, el que corresponde a los municipios y a las áreas de salud, de educación, de seguridad, además de los de diversos fondos alimentados con recursos federales.
Por la pandemia, la llegada de los auditores pasó prácticamente inadvertida, pero los pocos que se han percatado han visto un ir y venir de cajas de documentos.
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