Impunidad alentó la ejecución de Ferral

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / A LAS 4:05 de la tarde del pasado lunes, cuando los médicos hacían un esfuerzo sobrehumano para salvar la vida de la compañera María Elena Ferral Hernández, tras ser baleada por manos criminales al salir de una notaría en Papantla, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez escribió en su cuenta de Twitter otro de sus desatinados comentarios –imitando burdamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador al que busca agradar aunque termine haciendo el ridículo-: “Lamento mucho que en estos momentos que estamos tratando de salvarle la vida a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus colegas ya la hayan dado por muerta en sus “noticias”. ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de tener la oportunidad de golpear a un gobierno?”, una alocución por demás ligera, porque daba la impresión de que si algo le preocupaba era que siguieran criticando su ya deteriorada imagen que va de mal en peor, y acaso olvidando que su equipo de comunicación social no sirve para maldita sea la cosa, pues en ningún momento emitió un comentario en torno a los hechos, como tampoco lo hizo la Fiscalía Estatal o las Secretarías de Gobierno o Seguridad Pública, lo que da cuenta del poco interés informativo de su gobierno, situación que obliga a los medios en ocasiones a especular no por querer “golpearlo” sino porque su administración ni para eso sirve: para informar con puntualidad y certeza, aunque el gobernante se hace la víctima, cuando la víctima fue en realidad María Elena Ferral Hernández debido a la impunidad que persiste en su Gobierno, ya que su impuesta Fiscal no da una. Y es que está comprobado que a mayor impunidad mayor inseguridad y violencia, porque la delincuencia se siente protegida o por lo menos ignorada por las instancias de justicia, lo que les da patente de corso para seguir cometiendo ilícitos como el de Papantla.

PORQUE VEA usted: la madrugada del miércoles 11 de este mes –diecinueve días antes del atentado contra Ferral Hernández-, Mireya Ulloa Valencia, Directora Editorial de la Opinión de Poza Rica fue atacada por un sujeto que la esperaba en la cochera de su casa alrededor de la 1:30 de la madrugada. La periodista fue apuñalada en varias ocasiones en el abdomen, y el sujeto aun tuvo tiempo de amenazarla. Palabras más palabras menos, le advirtió que de seguir con su labor periodística la próxima vez la mataría. Y aunque la familia llamó de inmediato al 911 para pedir ayuda a las autoridades, ante la tardanza por las razones que fueren, decidieron ellos mismos trasladarla a una clínica privada en donde le dieron atención médica. Ulloa Valencia dio parte al secretario de la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, de quien no obtuvo el apoyo que ameritaba, minimizando el ataque al calificarlo de un simple intento de asalto con violencia, pero el agresor nunca hizo el intento de llevarse las pertenencias de la comunicadora, por lo que la agresión fue directa y en ese, como en muchos casos, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez calló. Prefirió el silencio cómplice que exigirle a la Fiscalía Estatal que cumpliera con su obligación de indagar hasta llegar al –o los- responsable –s- de la agresión, pero el mutismo, por lo visto, alentó la impunidad y, consecuentemente, la agresión contra la compañera María Elena Ferral que, ahora se sabe, inicialmente fue apuñalada como sucedió con Mireya Ulloa, y al percatarse el criminal que las lesiones eran menores, le disparó en 8 ocasiones para asegurarse que le había cegado la vida, lo que no sucedió de inmediato sino horas después en un hospital de Poza Rica tras ser trasladada desde un nosocomio en Papantla.

EN POZA Rica hay otro hecho que tampoco ha sido aclarado. El cobarde ataque en contra del jefe de Redacción, también, de La Opinión, Armando Arrieta Granados, baleado cuando llegaba a su casa tras cerrar la edición la madrugada del 29 de marzo de 2017. Arrieta recibió dos disparos calibre 9 milímetros, y una de las balas le perforó un pulmón, por lo que fue trasladado en un helicóptero del Gobierno del Estado a un hospital del IMSS hasta donde acudió el, entonces, Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para conocer su estado de salud, algo que no sucedió con María Elena Ferral, ya que su traslado a un hospital de Papantla a otro de Poza Rica se dio en una ambulancia, pues el señor gobernante no tuvo la delicadeza de enviar una aeronave con eso de la austeridad republicana que aplica para algunos en tanto su gabinete se vuelve una camada de nuevos ricos que se mueven en suburban blindadas y resguardados por centenares de guardias. Tampoco García Jiménez, a diferencia de Yunes Linares se apersonó en el nosocomio donde inicialmente internaron a la comunicadora, lo que demuestra su desprecio por los medios de comunicación a los que culpa de criticarlo y hasta de adelantar vísperas para poder atacarlo, cuando ni siquiera cumple con sus funciones como primer garante de la seguridad de los gobernados, y qué decir de los medios de comunicación a los que desprecia, siguiendo el mal ejemplo de López Obrador, resentido con los periodistas. Han pasado 3 años de la agresión a Armando Arrieta, y a la fecha la aplicación de la justicia para esclarecer ese hecho sigue sin aterrizar.

Y ES que con su actitud displicente para con los medios de comunicación del Estado, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez da manga ancha a la delincuencia para que puedan actuar contra reporteros incómodos, pues tampoco ha externado condena alguna cuando elementos policiacos han agredido a periodistas, por el contrario, el parlanchín Secretario de Gobierno advirtió en el sur del Estado, tras un desalojo y enfrentamiento que: “Hay compañeros que defienden lo indefendible, pero con este tema se sabrá quienes realmente están del lado de la justicia y de la procuración para todos los veracruzanos…Aquí habrá un parteaguas, va para todos los veracruzanos, con esto que hoy está pasando en Veracruz. Aquí vamos a ver quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas. No digo nombres, lo digo para todos, algunos tal parece pertenecen a un grupo del crimen organizado, incluyendo ciudadanos y periodistas”, algo que nunca demostró, como tampoco lo hizo cuando acusó que empresarios, incluidos periodísticos, estaban relacionados con la delincuencia en la zona centro, todo por arropar a su socia, la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landeros, tras la agresión que sufrieron policías de aquel lugar con saldo de cuatro muertos. Queda claro que al Gobierno del Estado no le interesan los medios de comunicación, y que el Gobernador y sus funcionarios estarían muy satisfechos si la delincuencia organizada o la delincuencia autorizada sigue menguando al gremio. Así de simple. OPINA [email protected]