Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Eran los últimos años de la década de los 80. Gobernaba Veracruz Dante Delgado Rannauro, cuyas actividades cubría un servidor para la televisora estatal. *** Lo acompañé a una gira de trabajo por el municipio de Playa Vicente y para ello viajamos en aquellos helicópteros “Agusta” que tan buen servicio le dieron al estado. *** Una vez concluida la actividad, en los momentos en los que abordábamos las naves aéreas, un habitante de ese municipio se acercó a uno de los pilotos: “Capi, una respetuosa sugerencia. Cuando despegue, hágalo perfilado hacia la ciudad; no le recomiendo que vuele hacia el monte, no vaya a ser que haya gente que se ponga nerviosa por el ruido y le vayan a disparar”. *** Ya desde entonces se conocía que esa era una zona peligrosa, asiento de grupos criminales dedicados, esencialmente, al cultivo y venta de marihuana. *** Este fin de semana el gobernador Cuitláhuac García dio a conocer que gracias a “investigaciones efectuadas por el Gobierno Estatal y la Fiscalía General del Estado” (¿quién, del gobierno estatal, realiza investigaciones sobre asuntos delictivos y con qué autoridad?, me pregunto) se detectó la presencia de un grupo delictivo encabezado por Itiel Palacios Garcia alias “Compa Playa”. *** Operativos de las fuerzas estatales permitieron la captura de 23 personas y fueron aseguradas 17 armas de fuego (12 largas y 5 cortas), 621 cartuchos, 32 cargadores y 62 dosis de sustancias prohibidas, además de la recuperación de 16 vehículos con reporte de robo. *** Lo grave de esa conferencia de prensa, fue que la encargada del despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans aprovechó para exponer públicamente su inconformidad con el fallo de la Juez de Control Dulce María Mendoza Rosas, quien dejó en libertad a cuatro individuos capturados en Paso del Macho, señalados de desaparición forzada de personas. *** ¿Falla de la juzgadora, o de los fiscales que presentaron el caso? *** No se debe juzgar a la ligera.
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La lista es larga. Se trata de personajes de la política veracruzana, que ocuparon cargos relevantes en la última década, en los gobiernos de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes Linares.
No hay distinción de colores, pues para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tan corruptos fueron los rojos, como los azules. El mandatario priista ya está en la cárcel, y pronto le podría estar haciendo compañía el gobernador panista del bienio.
Son expedientes muy completos, en los que se documentan las anomalías detectadas durante su paso como servidores públicos.
Los hay de las más diversas áreas del gobierno estatal, pero sobresalen, por su número, aquellos que operaron desde las secretarías de Finanzas, Educación, Salud, Seguridad, la Fiscalía, Desarrollo Social y Comunicaciones. Curiosamente, donde se manejaban las más fuertes asignaciones federales.
Están trabajando ya con las instancias del Poder Judicial (tanto federal como del estado) para gestionar las órdenes de aprehensión y aunque pretendían hacerlo con gran sigilo, entienden que en las instancias de procuración y aplicación de justicia sigue habiendo servidores públicos comprometidos con aquellos regímenes.
La semana pasada fue la ratificación del mandamiento judicial en contra de Juan Manuel del Castillo, quien fuera subsecretario de Finanzas al final de la gestión de Javier Duarte, pero de esa área hay más. Casi todos los titulares de Sefiplan de los últimos diez años, lo mismo que subsecretarios y tesoreros.
Irán además contra titulares de la Secretaría de Salud y quienes fueron responsables del área administrativa en ambos gobiernos; lo propio harán con la Secretaría de Educación, donde tienen bien documentada la disposición de fuertes sumas que eran desviadas de su fin original y desaparecían en la llamada ”licuadora”, que fue utilizada también en la gestión de Yunes Linares.
En Seguridad Pública está lista ya la carpeta de investigación por el fraude con las cámaras de videovigilancia, en la que aparece como involucrado Jaime Téllez Marié. Pero irán más atrás y revisarán los procesos abiertos contra Arturo Bermúdez.
¿Por qué esta actitud de los gobiernos de Morena?
La ofensiva obedece a dos razones, esencialmente. La primera, es ratificar ante la sociedad que el combate a la corrupción -la más importante bandera de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña- “va en serio” lo que, según sus cálculos, habrá de repercutir en las elecciones intermedias del 2021.
La otra razón es de carácter financiero. El Presidente ha terminado por admitir ante sus más cercanos colaboradores que “se le fue la lengua” al hacer los cálculos de los fondos que podría obtener con la extinción –por decreto- de la corrupción en su gobierno.
Resulta que los ahorros no son tan significativos y que también se hicieron cuentas alegres respecto a la recaudación fiscal, por lo que han tenido que echar mano de los fondos emergentes y estos no durarán mucho tiempo.
Los subejercicios en los gobiernos emanados de Morena, no son otra cosa que el cumplimiento a la instrucción presidencial de gastar lo menos posible y devolver los remanentes, para atender los grandes proyectos del sexenio, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
En la búsqueda de opciones para la obtención de recursos, no faltó quién le sugiriera al Presidente: “Vamos contra los que saquearon el país. Vamos a sacudirles los bolsillos, obligarlos a que devuelvan lo robado”.
La entrega del cheque por dos mil millones de pesos, que le hiciera el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero (producto de una devolución de más de 5 mil millones de pesos que hicieran empresas que habían logrado acuerdos resarcitorios con el Infonavit, al final de la gestión de Enrique Peña Nieto) fue la muestra de la política que aplicará el actual gobierno en los meses por venir.
Pero además (y coincidiendo con una estrategia similar, aplicada por su enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares) Lopez Obrador entiende que, bien administrados, cada “golpe a la corrupción” será una perfecta cortina de humo que habrá de distraer la atención social de los graves problemas de la actualidad.
“Todo es ganar, ganar”, opinó una fuente cercana a donde se toman estas decisiones.
En la más reciente edición de la revista semanal “Proceso”, se transcribe una charla entre el reportero y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero:
Reportero: Pero hay un común denominador.
Gertz: Es evidente.
Reportero: ¿Cómo describiría usted ese común denominador?
Gertz: Como un ejercicio desmesurado e inmoral del Poder.
Reportero: Pero estamos hablando de un período concreto…
Gertz: Sí, por supuesto. Ahí está definido en su tiempo. Es clarísimo.
Reportero: ¿El sexenio pasado?
Gertz: Sí.
Lo dicho. Se vienen unas semanas muy agitadas.
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Epílogo.
Y a propósito de lo aquí narrado, el pasado viernes el periódico Imagen del Golfo anticipó un escenario que se podría presentar muy pronto. *** Luego de recordar lo expresado frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el fiscal Alejandro Gertz Manero (“juicios de mala fe detienen la aplicación de justicia en casos emblemáticos de corrupción registrados en los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y en dependencias federales”), ese medio de comunicación advirtió que “aquellos exfuncionarios públicos que creyeron que sus carpetas de investigación seguirían empolvadas, tendrán que contratar abogados”. *** Y agregó: “Entre ellos está Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde que estuvo al frente del ISSSTE (2006-2010) ha sido señalado por supuestos desvíos de recursos. En abril del 2017, justo cuando Yunes Linares disfrutaba a plenitud la campaña de terrorismo mediático contra los duartistas, el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, envió a Enrique Peña Nieto la llamada ‘carpeta azul’, que incluía una detallada relación de los bienes de Miguel Ángel Yunes Linares, así como las denuncias que se habían presentado en su contra por enriquecimiento ilícito”.
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