Aurelio Contreras Moreno / La renuncia de Germán Martínez Cázares como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene implicaciones y consecuencias que rebasan, por mucho, lo meramente político.
En su carta de renuncia –misma que le fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador-, Germán Martínez reveló un serio problema que, sin ir más lejos, expone una realidad que ya se sospechaba y que pone en riesgo la salud y la vida de millones de mexicanos. Martínez Cázares acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ejercer una “injerencia perniciosa en el IMSS” de corte “neoliberal”, a pesar que el propio presidente “decretó” el fin del neoliberalismo en México: “ahorro y más ahorro; recortes de personal y más recortes de personal; y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo”, expuso.
En su dimisión presentada la mañana de este martes ante el Consejo Técnico del IMSS, Germán Martínez señaló que “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. Y soltó una bomba: “si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos, según dispone el artículo 277 C de la Ley del Seguro Social”.
Ahí está la clave de todo: en la necesidad de la Secretaría de Hacienda de buscar recursos hasta por debajo de las piedras para financiar los costosos programas clientelares del gobierno lopezobradorista, así como sus megalómanos, incosteables y muy probablemente improductivos proyectos de infraestructura.
Solo que aplicar recortes presupuestales draconianos en el área de la salud pública es, por decir lo menos, irresponsable. Aunque expresado con todas sus letras, representa un acto criminal por el que estos neofuncionarios podrían incluso ir a parar a la cárcel.
En los casi seis meses que lleva de gestión la actual administración federal, se congelaron 794 millones de pesos del presupuesto que ya había sido asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Asimismo, se recortaron en 30 por ciento los gastos operativos del sector salud y en 50 por ciento las pruebas de laboratorio.
Una fuente al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social consultada por quien esto escribe señaló que en las clínicas del IMSS “llegas, no te atienden y puedes estar horas y horas y horas. Y no tienen el medicamento después de que te atienden. ¿Por qué? Pues porque no se está comprando”.
E hizo hincapié en un hecho de suma gravedad: “el 1 de mayo desmantelaron 300 clínicas de atención rural, de 317 que había. Y a toda la gente la despidieron, se quedaron sin trabajo. Fue impresionante. Y esto no es chisme de pasillo. Lo vimos en una videoconferencia para toda la República en la cual lo anunció el director general. Había gente que tenía 20 años trabajando con contratos que venía renovando”.
La consecuencia directa es que “toda esa gente susceptible de ser atendida ya no se está atendiendo hoy. Puedes imaginarte la crisis. Redujeron a menos de la mitad el presupuesto para cirugías de alta especialización”.
Al haber menos medicamento, menos cirugías, menos médicos y hospitales, se va directo a una crisis de atención en salud, en las necesidades básicas de atención de la sociedad, lo cual, conociendo el discurso y las motivaciones del gobierno de la “4T”, será utilizado para “demostrar” que el sistema “no sirve” y que hay que desmantelarlo. Destruirlo para después “salvarlo”, aunque en el camino mueran miles o millones de personas, como los “niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento; quienes viven a la espera insulina; las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales; y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales” que mencionó Germán Martínez en su renuncia, presentada claramente porque no quiere cargar con la responsabilidad del desastre que se avizora.
Pero, ¿qué cree? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará 350 millones de pesos anuales a la promoción de la práctica del beisbol en el país. Al final de su sexenio se habrá gastado en ese propósito dos mil 100 millones de pesos.
La demagogia sí puede matar.
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