En un estado donde a decenas de secundarias les faltan tinacos, pupitres, luz eléctrica y hasta techos dignos, la gobernadora Rocío Nahle ha logrado identificar al responsable definitivo del rezago educativo: la pantalla de cinco pulgadas del profesor de formación cívica. La propuesta de restringir o prohibir el uso de teléfonos celulares a los docentes de secundaria durante la jornada escolar se presenta como la “solución mágica” a la falta de atención en las aulas. Con el tono inflexible que la caracteriza, la administración estatal pretende meter al cajón la tecnología, justo en una época donde la pedagogía global exige alfabetización digital.
Y es que, resulta curioso que el celo por la “disciplina digital” surja con tanta fuerza sobre los docentes, un gremio que históricamente ha tenido que usar sus propios datos móviles y dispositivos personales para enviar reportes administrativos, pasar lista en plataformas oficiales deficientes y comunicarse con padres de familia ante la falta de líneas telefónicas fijas en los planteles.
De manera que prohibir el celular al maestro no va a reparar los baños rotos, no va a pagar los adeudos pendientes ni va a hacer mágico el aprendizaje de las matemáticas. Pero eso sí: garantiza que nadie pueda tomar una foto del techo a punto de caerse para subirla a redes sociales. Todo sea por la “disciplina” en las aulas.