El 6 de agosto del año en curso, la Fiscalía General de la República detuvo a Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por los delitos de obstrucción a la justicia, delitos contra la administración de justicia, y desaparición forzada de personas, en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Según la fiscal general Ernestina Godoy, un análisis exhaustivo de la carpeta de investigación reveló que Aguirre ordenó el ocultamiento y destrucción de evidencias clave. Específicamente, las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, que captaron el momento en que policías municipales y estatales detuvieron el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas.
La versión oficial inicial del gobierno estatal afirmó que esas grabaciones no existían por “fallas técnicas”, lo cual la FGR calificó de falso. Dos testigos colaboradores sustentan la acusación: uno en el mes de enero del 2026 confirmó la existencia de los videos, identificó a quien los sustrajo y los entregó directamente a Aguirre, y refirió amenazas que explicaban su silencio previo. Un segundo testigo protegido, en mayo del 2026, señaló que el entonces gobernador, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, ordenó “desaparecer cualquier evidencia” relacionada con los hechos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La FGR sostiene que se trató de “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, con participación de servidores públicos de alto nivel. Testimonios adicionales, revelados en la audiencia de imputación y reportados por medios como La Jornada y El Universal, vinculan a Aguirre con grupos delictivos que operaban en Guerrero, Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana.