Constantemente algunos periodistas recibimos llamadas telefónicas de los asistentes de diputados o funcionarios públicos que nos piden número de teléfono, correo electrónico y fecha de cumpleaños. ¿Para qué? En lo particular no comparto esa información con nadie; antes sí, pero como nunca me llegó ningún arcón, regalo, o aunque sea una tarjeta de felicitación, dejé de dar esa información. Ahora la gobernadora Rocío Nahle, ocurrente como pocas, dice que se va a llevar a cabo un censo de periodistas, que para evitar excesos, difamaciones, mentiras y manipulaciones. Para eso no se requiere un censo. Para eso tienen la represión, represión que este gobierno ha manejado de muchas maneras, desde la física, psicológica, laboral o económica; ya ni hablemos de la criminal, que resulta ser la más efectiva.
¿Quién va a obligar a un periodista a que entregue sus datos personales, los de su empresa, los de su familia, los de sus trabajadores? El gobierno ya tiene muchos de esos datos, otros no requieren de mucha búsqueda, porque un periodista es también una persona pública, pero sobre todo responsable. Cuando escribimos un artículo crítico lo firmamos; rubricamos con nuestro nombre, lo que nos legitimiza.
Un periodista inteligente evita subir a sus redes sociales los pormenores de su vida. Otros, con imprudencia, publican en redes sociales dónde se comen un filete y con quién, dónde pasan vacaciones, a que funcionarios públicos visitan o hasta la hora que van al baño a defecar. El gobierno de Rocío Nahle no necesita hacer un censo, y menos pedir a la ineficiente CEAPP que lo realice. Con asomarse a las redes sociales de algunos periodistas imprudentes basta para obtener información.