La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó el 29 de julio de 2026 que presentó una denuncia contra quienes resulten responsables de la grabación y difusión de audios en los que se le escucha hablar sobre la cancelación de su visa estadounidense y de contactos con supuestos intermediarios vinculados a agencias de seguridad de Estados Unidos. La presente estrategia parece ser una salida desesperada, resulta llamativa pues revela el grado de vulnerabilidad política e institucional. Si, como ella sostiene, cayó en una emboscada de Jaime Bonilla, quien le presentó a personas que se hicieron pasar por intermediarios capaces de ayudarla con la visa, el resultado fue que, bajo presión psicológica (amenazas de cargos, sanciones o extradición), Marina del Pilar verbalizó posibles disposiciones a compartir información de las mesas de seguridad a cambio de recuperar su visa y evitar acciones judiciales en Estados Unidos.
Esa reacción, motivada por el miedo a perder el acceso al país vecino y a enfrentar consecuencias personales, expone una contradicción: una gobernadora de un estado fronterizo que, al sentirse acorralada, soltó planteamientos que después debió matizar o negar, todo para intentar restaurar su situación migratoria.
Lo absurdo radica en que la misma urgencia por “arreglar” la visa la llevó a generar el material que ahora la compromete políticamente, convirtiendo una gestación de ayuda, en una emboscada que ella misma alimentó con sus palabras. Ahora bien, nadie descarta que la gobernadora de Baja California en realidad contactó a personal del FBI, lo que agrava su situación.