Nos llega vía correo electrónico esta queja legítima de una persona que tuvo muchas dificultades para legalizar un certificado de preparatoria en Veracruz. Al parecer los encargados de esta área dejan operar a “coyotes” que por cierta cantidad te hacen el trámite: “Llamado a las autoridades para supervisar el área de legalización de certificados de preparatoria en el estado de Veracruz Hago un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que supervisen e investiguen lo que está ocurriendo en el área de legalización de certificados de preparatoria, ya que la situación que viven diariamente los ciudadanos es verdaderamente preocupante.
El día que acudí a realizar mi trámite pude observar que existe una persona que se presenta como gestora y cobra $300 pesos por certificado, sin que, al menos de manera visible, cuente con algún documento o autorización oficial que la acredite para realizar esa actividad. Lo más alarmante es que dicha persona entra y sale del área con total facilidad, mientras que las personas que acudimos a realizar un trámite personal debemos esperar durante horas. Esta situación genera la percepción de que existe un trato preferencial hacia la gestora, ya que el personal parece conocerla y permitirle el acceso sin restricciones.
Aunque yo tenía la posibilidad de pagar esos $300 pesos, decidí no hacerlo porque considero que no es justo. Pienso especialmente en las personas foráneas que llegan desde distintos municipios del estado de Veracruz con el dinero apenas suficiente para sus gastos. Muchas de ellas hacen un gran esfuerzo económico para cumplir con este trámite. En mi caso, llegué aproximadamente a las 6:00 de la mañana y terminé mi trámite hasta las 2:30 de la tarde, después de permanecer más de siete horas de pie, bajo el sol y sin oportunidad de desayunar. Incluso madrugando, es prácticamente imposible alcanzar un lugar, pues hay personas que llegan desde antes de las 5:00 de la mañana.
Si los trámites son estrictamente personales, considero que no debería permitirse que los gestores tengan prioridad sobre los ciudadanos. Y si oficialmente está autorizada la participación de gestores y existe un límite de certificados que pueden presentar, sería conveniente que contaran con una ventanilla o área exclusiva para ellos, dejando otra destinada únicamente a quienes acudimos a realizar nuestro propio trámite. Ningún ciudadano debería verse obligado a esperar tantas horas para obtener un servicio público. Los trámites gubernamentales deben caracterizarse por la transparencia, la igualdad de oportunidades y un trato digno para todas las personas.
Por ello, solicito respetuosamente que las autoridades correspondientes realicen una supervisión de este departamento, investiguen las posibles irregularidades y, en caso de existir actos de corrupción o favoritismo, se tomen las medidas necesarias para garantizar que todos los ciudadanos recibamos un servicio justo, eficiente y sin privilegios para terceros. Asimismo, pido a las personas que acuden a esta área que estén atentas y se mantengan informadas para poder identificar a la persona que está cobrando los $300 pesos, ya que por su intervención muchos de los que madrugamos no logramos siquiera alcanzar la legalización de nuestro certificado.
Confío en que este llamado sea escuchado y que se implementen acciones para mejorar la atención a la ciudadanía”