Dice el viejo y conocido refrán que “el miedo no anda en burro”, y en el Congreso de Veracruz quedó más que demostrado. Al grito de “democracia participativa, pero no tanto”, la aplanadora de Morena y sus aliados (PVEM y PT) aprobaron una reforma constitucional en materia de revocación de mandato para el titular del Ejecutivo estatal. ¿El detalle? El mecanismo viene tan lleno de candados, trampas y trabas logísticas que parece diseñado no para empoderar al pueblo, sino para blindar al poder. Bajo la narrativa oficialista de que están “haciendo historia” al incorporar este derecho, los legisladores morenistas decidieron aplicar la técnica del embudo: lo ancho para ellos, lo estrecho para los ciudadanos.
Mientras a nivel federal el presidente de la República se jactaba de someterse al escrutinio público con reglas accesibles, en Veracruz la realidad local obliga a preguntar: ¿A qué le teme la Cuarta Transformación en el estado? Por cierto, la oposición no tardó en señalar la incongruencia. Mientras la retórica de Morena ensalza que “el pueblo pone y el pueblo quita”, en la práctica legislativa veracruzana se construye una muralla china para evitar que el pueblo, efectivamente, intente quitar.
Por esa razón, es que muchos se preguntan, si la popularidad del gobierno estatal es tan alta y los resultados son tan presumibles como afirman en sus boletines diarios, ¿por qué imponer requisitos sustancialmente más restrictivos y leoninos que los de la propia legislación federal? La respuesta parece obvia. El horno veracruzano no está para bollos, y dejar la puerta abierta a una revocación real, sin candados de alta seguridad, representaba un riesgo que el partido en el poder simplemente no quiso correr.