En la política mexicana, la lealtad partidista no es un pacto de sangre; es un contrato de arrendamiento a corto plazo, y el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está por vencerse. La presión mediática es mucha, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insista en sus conferencias matutinas en que “no hay elementos” para remover al mandatario sinaloense, la terca realidad de un estado sumido en la violencia y el escándalo del Mayo Zambada apuntan a un desenlace inevitable: tarde o temprano, la presidenta le entregará la cabeza de Rocha Moya, al gobierno de Donald Trump.
De manera que mantener a Rocha Moya en el tercer piso del palacio de gobierno en Culiacán ya no es un acto de justicia, sino un ejercicio de masoquismo político de alto costo para la misma presidenta. Así que no nos sorprenda que en unos días, veamos a Rocha Moya vestido con un traje color naranja. Es lo menos que puede hacer el gobierno mexicano.
Por cierto, no hay que olvidar que para Sheinbaum, la defensa de Rocha Moya no nace del afecto, sino de la disciplina heredada. El expresidente López Obrador dejó una línea muy clara: no ceder ante la presión de la prensa ni de la oposición. Sin embargo, la actual presidenta se enfrenta a una ecuación distinta a la de su antecesor y tenga por seguro que terminará cediendo a la voluntad de Donald Trump.