Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, con licencia, enfrenta acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo conspiración para introducir fentanilo, cocaína y otras drogas, así como protección al cártel a cambio de sobornos. El gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición a través de la vía diplomática. El Artículo 11 del Tratado regula la detención provisional en casos de urgencia. Permite la detención temporal si se indica el delito, se describe a la persona y su paradero, y se promete formalizar la solicitud.
Una vez detenida la persona, el país requirente, Estados Unidos, tiene 60 días contados desde la aprehensión para presentar la solicitud formal de extradición. Si no se entrega en ese plazo, se debe poner fin a la detención provisional. Sin embargo, esto no impide la extradición posterior si se presentan los documentos después. Hasta ahora, México no ha ejecutado la detención provisional, la FGR y SRE consideraron insuficiente la solicitud inicial por falta de elementos probatorios suficientes, por lo que el plazo de 60 días aún no corre.
En resumen, el plazo de 60 días es clave solo después de una detención provisional. Estados Unidos debe fortalecer su expediente con orden de aprehensión y pruebas sustantivas para que México avance. El gobierno mexicano ha enfatizado que actuará bajo su ley y soberanía, exigiendo “pruebas claras”. El caso sigue en fase preliminar.